La Sindicatura de Cuentas confirma un sobreprecio del 251,5 por ciento en el gasto inicial de la Línea 9 del Metro de Barcelona

El informe 24/2020 de la Sindicatura se centra exclusivamente en fiscalizar el gasto de la Línea 9 del Metro de Barcelona, cuya inversión corresponde principalmente a la Generalitat de Cataluña, a través de la empresa pública Infraestructures.cat. El informe se cierra a 31 de diciembre de 2016, cuando se cifra un coste de construcción de 6.916,47 millones de euros (de los que 2.120,24 millones son costes financieros), superando en 4.949,01 millones lo presupuestado inicialmente en 2002, es decir, un 251,5 por ciento más.

Sin embargo, en el informe también se concreta que hasta 2016 se habían adjudicado 1.093 contratos para la obra de la Línea 9 por un valor de 13.102,80 millones de euros, de los que 2.917,76 millones corresponden a adjudicaciones de obra presupuestaria y sus modificaciones (ya gastados); y 9.837,32 millones a los contratos de concesión de obra de las estaciones, que están comprometidos pero no gastados. Por lo que la Sindicatura calcula que el coste final ascenderá por lo menos a más de 13 mil millones de euros o, lo que es lo mismo, tendría un sobreprecio del 665,97 por ciento sobre lo presupuestado inicialmente.

La Sindicatura recuerda, en su informe, que en 2016 el plazo de la ejecución de las obras «se había excedido en diez años, y todavía no estaban acabadas». De hecho, llegando a 2021 la gran obra de la Generalitat, que unirá en metro la zona del Llobregat con la del Besós pasando por la zona alta de Barcelona, sigue sin estar finalizada. Y apenas está en marcha un ramal que permite el acceso en metro al aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

De la misma manera, la Sindicatura ha detectado una serie de irregularidades, como por ejemplo la «prohibición de contratar» que le atribuye al que fuera presidente de Infraestructures.cat Josep Lluís Quer (que entre otros casos está siendo investigado en la Audiencia Nacional por el conocido asunto del 3 por ciento) al ser, a la vez que presidente de esta empresa pública, el administrador único de una UTE (unión temporal de empresas) que obtuvo en 2011 una adjudicación por valor de 0,64 millones de euros.

Otra de las irregularidades detectada por el órgano fiscalizador es la que afecta a «ofertas declaradas presuntamente anormales o desproporcionadas durante el periodo 2010-2014». En este sentido, «los informes técnicos de valoración de las alegaciones presentadas por los licitadores no están suficientemente motivados» y que en ninguno de los expedientes analizados en que se rechazó la oferta consta «la propuesta de exclusión de la Mesa de Contratación».

En esta misma línea, desde junio de 2011 a noviembre del año 2015 la Oficina Técnica de Evaluación (suprimida aquel 2015) se encargaba de evaluar las ofertas presentadas por los licitadores y de elevar la propuesta de clasificación o adjudicación a la citada Mesa de Contratación, siendo, por lo tanto, el organismo que determinaba «las ofertas que se excluían por anormales o desproporcionadas». Sin embargo, la Sindicatura apunta que su tarea «queda cuestionada» por la «insuficiente motivación de la exclusión de las ofertas».

Igualmente, la Sindicatura ha detectado que en diez expedientes adjudicados por GISA (Gestión de Infraestructuras, la empresa pública de la Generalitat antecesora de Infraestructures,cat hasta 2012) e Ifercat (Infraestructuras Ferroviarias de Cataluña, también de la Generalitat de Cataluña) de los ejercicios 2009 y 2010 hay diversas «incidencias» relacionadas con los objetos de los contratos, los importes, las fechas o el tipo de contratos que suponen el incumplimiento de la legislación vigente. Estas «incidencias» supondrían un «fraccionamiento indebido de los contratos».

El gobierno catalán encargó la construcción de la Línea 9 del Metro barcelonés a la empresa pública GISA en el año 2000, bajo la presidencia de la Generalitat de Cataluña de Jordi Pujol y cuyo consejero de Economía y Finanzas era Artur Mas, que había pasado por la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas entre 1995 y 1997, cuando se proyectó a la obra faraónica ferroviaria.

En 2003, la Generalitat atribuyó a Ifercat el carácter de administradora única de la Línea 9 y responsable de su construcción y mantenimiento. Desde entonces, la Sindicatura de Cuentas de Cataluña ha emitido un total de 16 informes sobre las empresas GISA, Ifercat e Infraestructures.cat con el objetivo de fiscalizar la gestión de estas empresas públicas de la Generalitat, revisar sus cuentas anuales y verificar que cumplen con la legalidad en materia de contratación administrativa.