Cataluña recurrirá ante el Constitucional los recortes sanitarios de Rajoy

Por otra parte, el Parlament ha abierto un plazo para que, después de las conclusiones del Consejo de Garantías, la cámara pueda presentar otro recurso contra los ajustes sanitarios.

Aún así, el portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, ha confirmado que pese a todo, la Generalitat seguirá aplicando su contenido en Cataluña hasta que el TC se pronuncie al respecto. "La ley nos puede no gustar, podemos considerar que vulnera las competencias de Cataluña, pero los gobiernos deben procurar moverse en el marco de la aplicación de la ley", ha señalado Homs.

En su dictamen hecho público ayer, el Consejo de Garantías concluye que varios preceptos del real decreto ley de medidas urgentes sobre Sanidad del Gobierno son contrarios a la Constitución y vulneran las competencias. El órgano consultivo cuestiona de entrada que la batería de ajustes se tramitara en forma de decreto ley, ya que "no cumple el requisito constitucional de la extraordinaria y urgente necesidad".

Asimismo, el Consejo de Garantías considera que el artículo 1 del real decreto, que modifica una ley de 2003 sobre cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, choca con dos artículos constitucionales. En concreto, considera inconstitucional el artículo del real decreto que regula la asistencia sanitaria a los extranjeros "no registrados ni autorizados como residentes ", que sólo serán atendidos en urgencias por enfermedad grave o accidente, y durante el embarazo, parto y postparto, aunque los menores de 18 años recibirán la misma asistencia médica que un niño español.

Según el Consejo de Garantías, esta modificación es contraria al artículo 14 de la Constitución, que establece que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Esta modificación también es contraria, a su juicio, al artículo 43 de la Carta Magna, donde se reconoce el derecho a la protección de la salud y se establece que "compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios".

Por otra parte, en su dictamen el órgano consultor cree que decreto del Gobierno invade competencias que el Estatuto catalán concede a la Generalitat, en asuntos tales como el uso racional de los fármacos, el control de la condición de beneficiario o la acreditación de los centros sanitarios, entre otros.