La fiscal del caso 'Macedonia': «No ha habido ninguna conspiración para traer pruebas incriminatorias»

Fue la semana pasada cuando Carbajo se refirió a una conversación entre Villarejo y el exjefe de la UDEF José Luis Olivera, en la que, como desveló ABC , ambos comentaron que querían destruir a un fiscal Anticorrupción, David Martínez Madero, y a un jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, que se encargó de las pesquisas sobre los burdeles, pero esta mañana la representante del Ministerio público ha rechazado esta teoría. « No ha habido ninguna conspiración para traer pruebas incriminatorias », ha defendido en la Audiencia de Barcelona.

Tal y como ya detalló en su escrito de acusación, Gil sostiene que Carbajo se encontraba a la cabeza de un entramado criminal , dedicado a la adquisición y posterior distribución de sustancias estupefacientes. Para ello, apunta a un incremento patrimonial sin justificación entre 2006 -cuando cesó su actividad de compraventa de vehículos-y 2010, que cifra en más de dos millones de euros.

Sobre el subinspector Josep R. , cuya defensa alega que se relacionaba con algunos de los investigados a título de confidentes , la fiscal ha rechazado que fuese la «desconfianza del [juez] instructor» la que llevase a imputar a un mosso para poder encargar la investigación a la División de Asuntos Internos (DAI).

Y es que el caso 'Macedonia' parte de la incautación, en mayo de 2009, de 50 kilos de cocaína, que resultaron ser yeso y azúcar excepto uno. Este hecho llevó al titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre , a sospechar de la colaboración de la Guardia Civil con la trama de narcos, pero la investigación de los Mossos, con Trapero a la cabeza, demostró que se había tratado de una trampa entre traficantes que pretendía inculpar a los agentes.

Las conclusiones de la policía catalana no convencieron al instructor, que los apartó de la causa, y la traspasó a Asuntos Internos, tanto de la Guardia Civil como de los propios Mossos, pero por aquel entonces, como testificó el jefe de la División de Investigación Criminal (DIC) , no había ningún investigado del Cuerpo autonómico -lo que impedía intervenir a la DAI-.

Aún así, l a fiscal ha defendido que «no hubo ningún tipo de manipulación para imputar» a un tercero , en este caso, el subinspector, ya que un juzgado de Gavà, que instruía una investigación contra dos presuntos traficantes -imputados ahora en el caso 'Macedonia'- ya había autorizado la intervención del teléfono del mando por su relación con estos: Juan Miguel B. y Marco Antonio C.

Durante la instrucción, el abogado del subinspector, José María Fuster-Fabra , denunció a los agentes de la DAI por la ocultación de una treintena de conversaciones intervenidas que no se transcribieron. Para desmontar cualquier sospecha, la fiscal ha defendido la «relevancia de la selección de las escuchas». (Es decir, se da cuenta solo de aquellas que demuestran indicios de criminalidad, aunque todas se pueden consultar).

Unas conversaciones que para la representante del Ministerio público suponen una prueba de la relación del mosso con la red de narcotráfico, mientras su defensa sostiene que solo demuestran que estos eran sus confidentes. Que el uniformado informase a sus mandos de los encuentros no es suficiente para Gil . «Las comunicaciones con sus superiores hacen referencia a hechos ya pasados y que pueden ser descubiertos. No consta para qué procedimientos fueron útiles», ha cuestionado ante la Sala.

Para tratar de desmontar la versión del agente, que mantiene su inocencia, la representante del Ministerio público ha aludido a gestiones que el policía realizó en las bases de datos del Cuerpo, cuya información facilitó luego a los investigados : datos de matrículas, o consultas sobre detenidos. También ha aludido a la controvertida Playstation que, si bien en un inicio, se indicó que el mosso había recibido como regalo de los narcos, las conversaciones posteriores demostraron que había pagado a plazos.

«No es de recibo que el subjefe de la comisaría de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) le pague a plazos, a quien manifiesta su confidente, una Playstation», ha indicado la fiscal, que pide para él 11 años de prisión por presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y pertenencia a organización criminal. El juicio continuará este martes, con los informes finales de las defensas.