Una trampa entre narcos llevó al juez Aguirre a sospechar de la Guardia Civil en el caso 'Macedonia'

Era agosto de 2009 y el Instituto Armado recibió un 'chivatazo'. Un narco iba a recoger la droga en el maletero de un coche , cerca de la estatua de Colón, al final de las Ramblas. El receptor, Juan Miguel B., alias 'el gafas', acabó detenido, y el atestado cuantificó 50 kilos, pero el análisis posterior determinó que 49 de ellos eran azúcar y yeso.

«El juez del 1 entró en una convicción personal de que la Guardia Civil había actuado mal, y de que había elementos corruptos en el Cuerpo, por eso pasó la investigación a los Mossos, a la unidad que yo dirigía», ha declarado este martes un subinspector durante el juicio en la Audiencia de Barcelona. Las pesquisas de la policía catalana determinaron que aquello se debió a un « engaño entre narcotraficante s ».

Dos proveedores habían cerrado la venta de 50 kilos de cocaína con Juan Miguel B. y, su vez, facilitaron el punto de entrega, la fecha y hora a un guardia urbano, que dio dicha información a la Guardia Civil. Con el receptor detenido, los vendedores se quedaron con el pago inicial de la droga, unos 600.000 euros.

Para llegar hasta ellos, la policía catalana solicitó al instructor la puesta en libertad del arrestado, y así fue como detuvieron a quienes le tendieron la trampa. Los Mossos descartaron cualquier indicio de la implicación de la Guardia Civil , pero según ha señalado el subinspector, el juez Aguirre les pidió seguir investigando a los agentes.

« Le expliqué que no existía ningún elemento para vincular a la Guardia Civil en la investigación, pero nos dijo que solicitásemos la intervención telefónica del grupo ECO y que pidiésemos registros en sus casas y en las oficinas en Cataluña. Cuando le dije que no podíamos hacer eso y mentir en un atestado, se enfadó muchísimo, y dijo que la policía le tenía que hacer caso», ha relatado ante la Sala el mosso a cargo de las pesquisas.

Según ese relato, fue entonces cuando el instructor solicitó que Asuntos Internos se hiciese cargo del caso. «Le explicamos que no había ningún mosso investigado, y que esta unidad solo puede actuar en esos casos», ha manifestado el subinspector. Fue en ese momento cuando el juez les «ordenó finalizar la investigación».

A partir de ahí, Aguirre se apoyó en un informe de Asuntos Internos, pero de la Guardia Civil, que recogía los contactos entre algunos mossos e investigados por narcotráfico -sin especificar la relación que mantenían, por lo que podían ser confidentes-, para que la unidad análoga de la policía autonómica se hiciese cargo de las pesquisas del caso 'Macedonia', como acabó sucediendo.

Y es que el principal imputado en esta causa, el narco Manuel Carbajo , era también confidente policial, por lo que había mantenido contactos con varios agentes. «El juez recoge en su providencia algo que nada tiene que ver con el informe que hace el Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil», ha indicado, y es que su propia unidad, cuyo superior era el entonces intendente Josep Lluís Trapero, fue también investigada durante la instrucción.

El motivo fue la relación del propio Trapero con Carbajo , que actuó como confidente en otra investigación de los Mossos: la relativa a otra trama de corrupción policial: la de agentes del CNP y los prostíbulos de Castelldefels (Barcelona) Riviera y Saratoga , por la que acabaron condenados varios uniformados.

«Cuando la relación con el juez se quebró, nos envió un oficio para transcribir todas las llamadas de Carbajo. Seis o siete años después, cuando nuestra unidad ya estaba siendo investigada, ordenó lo mismo a la unidad de revisión de casos de la Policía Nacional, que después fue desarticulada, y que hacía un poco de fontanería; informes dirigidos », ha deslizado el que en 2010 dirigía la unidad anticorrupción de los Mossos.

Entre los 17 imputados hay un solo uniformado, otro subinspector de los Mossos, Josep R., a quien la Fiscalía acusa de colaborar con la trama de narcotraficantes, mientras que su defensa alega que éstos eran sus confidentes, tal y como ha corroborado un cabo del grupo de homicidios ante la Sala.

Fue en septiembre de 2010, tras un crimen en Castelldefels, cuando el agente contactó con el subinspector para solicitar su ayuda. «Lo llamé con autorización de mi jefe de área, porque consideramos que es una persona con confidentes en la zona», ha explicado a preguntas del letrado José María Fuster-Fabra, que defiende al mando.

El subinspector también colaboró en la resolución de otro homicidio, el de un cuerpo que apareció calcinado en el Parque Natural del Garraf. « Era habitual que lo llamásemos», ha insistido el cabo. «Es un valor dentro del Cuerpo, y siempre que le hemos pedido ayuda ha respondido ».

Por su parte, la fiscal ha inquirido al mismo testigo el por qué de su petición de ayuda al subinspector. «Sabemos que trata con confidentes, se preocupa por su zona y por hacer gestiones para varias unidades. Yo no tengo esos informadores, y me parece un planteamiento lógico», ha detallado el mosso.

El homicidio de Castelldefels, según ha indicado la representante del Ministerio público, se produjo a pocos metros de donde residía Carbajo, pero el subinspector hacía meses que no hablabla con él. Uno de los posibles confidentes en este caso estaba relacionado con la familia Jodorovich.

Por aquella época -hace 12 años- los Mossos no contaban con un registro sobre sus relación con confidentes y los encuentros se transmitían de forma verbal al responsable de turno. «Era un trabajo de pisar calle, de hablar con la gente. Una habilidad personal. Estableces relaciones que te permiten facilitar información», ha indicado el testigo de la defensa a preguntas de la magistrada.

Además de en los dos homicidios citados, el subinspector también colaboró con los investigadores para resolver una oleada de robos en la comarca del Garraf. Así lo ha corroborado otro testigo, por aquella época, subordinado de esté en la comisaría de Vilanova i la Geltrú.

También lo ha corroborado la entonces inspectora al mando en el área del Garraf. El subinspector le trasladó sus contactos con confidentes por los robos, pero esa conversación, ha señalado Fuster-Fabra, fue tildada de «no relevante» por la División de Asuntos Internos, a cargo de la investigación.

Además, la responsable del investigado ha avalado que el subinspector le indicó que había consultado varias matrículas en la base de datos policial, extremo -la búsqueda- al que se agarra la Fiscalía para tratar de demostrar la relación entre el policía y los implicados en la trama de tráfico de drogas.

«¿En alguna otra ocasión le habló de estas personas?», ha preguntado la fiscal Ana Gil. «Si eran las mismas no lo sé, pero cuando había tenido alguna reunión con algún confidente siempre me lo explicaba», ha indicado la inspectora.

El juicio continuará mañana, miércoles, con la declaración como testigos de más agentes de la policía catalana.