Entidades y ONG alertan del fatal arranque del Ingreso Mínimo Vital: excluye a jóvenes, migrantes y 'sintecho'

Los problemas para implementar con éxito este sistema diseñado por las administraciones para prevenir la pobreza extrema han quedado retratados en un estudio elaborado por la Federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS), que consideran que el IMV no está cumpliendo con sus objetivos iniciales . El informe, elaborado por un equipo de 30 expertos y profesionales de servicios sociales, constata la complejidad a la hora de acreditar los requisitos para acceder al ingreso, la lentitud en todo el proceso y la tardanza en la respuesta por parte de la administración.

«Las principales lagunas son la burocracia, la exclusión de colectivos muy necesitados de ayuda y la lentitud general del proceso. Es un trámite difícil, muy complejo, y la mayoría de personas a las que acompañamos las entidades les ha sido imposible hacer el trámite por sí solas. Muchas ONG hemos tenido que pedir voluntarios porque tuvimos una auténtica avalancha», explica a ABC Sira Vilardell, portavoz del equipo responsable del informe y vicepresidenta de ECAS.

Según las organizaciones sociales, a día de hoy se ha resuelto aproximadamente un 15% del total de las solicitudes a nivel estatal. « Calculamos que solo el 6% de las personas que están en situación de pobreza en España están recibiendo la prestación . Es un porcentaje muy bajo, podemos hablar de fracaso , los resultados por ahora son muy malos, pero debemos esperar un poco para ver si esto se va regularizando», alerta Vilardell, quien también trabaja en 'Surt', una fundación dedicada al acompañamiento de mujeres. «El IMV era una prestación planteada inicialmente para dar respuesta a una urgencia, pero llega muy tarde, y hay solicitudes que después de meses no han tenido respuesta», agrega.

Otro de los errores del ingreso es que deja fuera a miles de personas de colectivos muy vulnerables e impactados por la pandemia, como los jóvenes menores de 23 años , algo que complica mucho el futuro a los menores extutelados (menas) , que a los 18 años salen de los centros y se quedan desamparados. «No tienen la posibilidad de acceder a esta ayuda que les ayudaría mucho», resaltan desde el ECAS. Otro colectivo marginado por la prestación estrella del Gobierno son las personas migrantes en una situación administrativa «irregular» y las personas sin hogar . «Ese colectivo no puede recibir la prestación y va desde personas realquiladas hasta los 'sin techo', pasando los que viven en chabolas, las personas presas en tercer grado o los que están ingresados en centros de rehabilitación. Todos ellos tienen muchas dificultades para acceder al ingreso », añade Vilardell.

Según las entidades, el sistema de reparto del ingreso -cuya cuantía oscila entre los 460 euros para un adulto que viva solo y los 1.015 euros para hogares de cinco miembros- genera sufrimiento y una notable confusión, especialmente en capítulos como la complementariedad entre la ayuda estatal y las rentas autonómicas ya existentes. Por ello, piden al Gobierno y a las administraciones aclarar el papel de todos los actores implicados, aliviar la carga administrativa reduciendo el número y la complejidad de los requisitos (que han desbordado las entidades sociales más pequeñas) e individualizar el acceso a la prestación en lugar de condicionarlo a la «unidad de convivencia».

Para solventar las limitaciones y los problemas burocráticos , las entidades y ONG reclaman una ventanilla única para gestionar el IMV y armonizar criterios. Así, aspiran a solventar los enormes problemas que presenta ahora una ayuda que ha sido calificada de «laberinto» por la propia administración, algo que, según las entidades, lleva a muchos demandantes a desistir antes de acabar el proceso. « Basta de desconfianza hacia las personas solicitantes , son tratadas como sujetos de sospecha cuando son sujetos de derecho», agregan desde el ECAS.