Discriminación del idioma español

El Ministerio de la Presidencia de España decía en 2004 que “el uso de la lengua materna en las escuelas representa una poderosa herramienta contra el analfabetismo”.

El PEN Catalán, Órgano consultivo de la ONU y de la UNESCO, y que ha presidido el Comité de Derechos Lingüísticos, afirma que “cuando una lengua pierde presencia en la escuela, su entidad también se resiente”.

La inmersión lingüística obligatoria en una región de España como Cataluña, es considerada contraria a los principios fundamentales de la Carta europea sobre derechos lingüísticos, según confirman los expertos independientes del Consejo de Europa, ya durante varios años considerándola como no obligatoria.

En consecuencia, nuestra asociación Moviment Civic 12-octubre, presentó hace casi un año, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las lenguas Maternas, una petición al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, para que valorasen la situación del idioma español en la enseñanza en nuestra región y la discriminación y abuso de derechos fundamentales que suponía, para los alumnos cuya lengua materna es el idioma español común y oficial en todo el territorio nacional.

La respuesta del Comité de Peticiones nos fue remitida el pasado 14 de enero de 2016 y tras ser examinada es “admitida a trámite, de conformidad con el Reglamento Europeo, por tratarse de un asunto que incide en el ámbito de actividades de la Unión Europea”, abriéndonos la posibilidad de recurrir a los tribunales competentes y de denuncia ante las autoridades nacionales, lo que, sin duda, efectuaremos. Uno de los objetivos fundacionales de nuestra entidad es la defensa de los derechos humanos y cívicos de los ciudadanos. Es un tema adecuado para incluir en el deseado Pacto Nacional por la Educación que los partidos constitucionales dicen defender.

No obstante, queda claro, tanto en la respuesta del Parlamento Europeo como en nuestra opinión, que la principal causa de esta situación, vergonzante para nuestro idioma español está situada en la falta de voluntad política de los gobiernos de España y en la dejación de sus funciones, como garantes de los derechos de sus ciudadanos y en su falta de oposición, -en algunos casos cómplice-, ante la actividad desplegada por los europarlamentarios nacionalistas y separatistas ante las instituciones internacionales, permitiendo que sean las autoridades autonómicas quienes elaboren los informes a la Unión Europea sobre la situación de los derechos lingüísticos en España, y en los que nunca se incluye la lengua común de los españoles.