El consejero de Educación y directores de los centros catalanes podrían ser inhabilitados por incumplir la sentencia de la inmersión

En menos de 24 horas, el consejero de Educación, Josep González-Cambray, se comprometió hasta dos veces a desoír la resolución y, además, arrastró a los responsables de los centros educativos en su escapada de la justicia garantizándoles que el departamento asumirá todas las consecuencias, si las hay. «Las cosas por la fuerza tienen que cambiar. Nos ha costado mucho llegar a este punto y vamos a utilizar todas nuestras armas para presionar al Govern», indica en declaraciones a ABC José Domingo , presidente de Impulso Ciudadano y abogado de profesión. Por este motivo, las entidades constitucionalistas y de defensa del castellano están planteando escenarios para presionar al consejero catalán para que acate la ley. Como opción ‘a’ van a instar al Govern, al Gobierno y a la Alta Inspección educativa a que se cumpla la resolución del 25 por ciento. La Generalitat ya ha dicho que no lo va a hacer y el Gobierno se inhibe por ahora.

¿Qué opciones tienen las entidades y las familias ante esta situación? La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), asociación que lleva años amparando a las famlias que piden más castellano para sus hijos, avanza que, de entrada, denunciará al Govern si no cumple con la decisión del Supremo, «La Generalitat debe cumplir la sentencia de forma inmediata, quien debería instar a hacerlo es el Gobierno, porque fue parte del recurso, aunque si no lo hace activaremos otra vía», señala la presidenta de la AEB, Ana Losada . Advierte de que si la Generalitat no hace caso, entrará en acción la asociación en el proceso, ya que «está legitimada a denunciar su incumplimiento».

¿Cómo lo hará? Según aclara Losada, recurriendo al artículo 104 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa , que establece que transcurrido el plazo para acatar la sentencia, dos meses, «cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa». La entidad no descarta, asimismo, pedir el apoyo de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. «Vamos a utilizar todas las vías que estén a nuestro alcance. El Govern de la Generalitat sabe que está acorralado y sin salida» , avisa Losada.

Si la Abogacía del Estado se inhibe y la Generalitat se instala en el incumplimiento «compinchada con el Gobierno», el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), como tribunal de oficio, puede pedir eplicaciones a la Generalitat sobre qué está haciendo para cumplir la sentencia, y, si no responde, abrir un procedimiento penal que podría acabar en la inhabilitación del consejero de Educación y también de los responsables de los centros educativos , señala el presidente de Impulso Ciudadano. Las entidades constitucionalistas defensoras del castellano, abanderadas por la AEB, se reunirán este fin de semana para plantear una estrategia global. «Ellos creen que un pacto político lo resuelve todo pero olvidan que el cumplimiento de las sentencias puede ser reclamado por las personas a las que les afecte», concluye Domingo.