Ada Colau crea un carné para frenar la expulsión de inmigrantes

El Ayuntamiento confirmó ayer que el controvertido carné se empezará a emitir desde mediados de diciembre a través de las Oficinas de Atención Ciudadana y que, una vez solicitado, se podrá conseguir si se cumplen los criterios de otorgación, que piden entre otros aspectos una edad mínima de 18 años, llevar al menos un año en España y seis meses en Barcelona.

Este carné no estará en marcha hasta que no queden resueltas las alegaciones presentadas contra el plan. El grupo municipal del PP es el único que las ha presentado, argumentando que el documento no tiene «validez jurídica» y que podría ser «fraudulento», dado que ya existe una normativa para la concesión del arraigo.

La regularización de personas en España, de hecho, no es competencia municipal y la Ley de Extranjería establece los criterios de arraigo. El Ayuntamiento cree, sin embargo, que con su documento de vecindad se «crea una nueva legalidad municipal» que permitirá a un abogado acreditar ante un juez la estancia en Barcelona de un inmigrante. Ésta, según el equipo de Colau, puede ser crucial para demostrar que no hay riesgo de fuga y evitar así un ingreso forzoso en el CIE.

Fuentes municipales reconocieron ayer que el documento, en la práctica, no servirá para regularizar la situación de los extranjeros ni tampoco será una garantía contra su deportación. Todo dependerá de si el juez lo estima o no, incidieron desde el Ayuntamiento. El concejal de Derechos de Ciudadanía, Jaume Asens, reiteró que el Ayuntamiento fomenta este documento para que sea de utilidad mientras no consiguen cerrar el CIE de Barcelona, ubicado en la Zona Franca.

En esta línea, el consistorio explicó ayer que el 24 de octubre presentó un contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional para que ordene al Ministerio de Interior el precinto del CIE barcelonés. Hace meses ya amenazó con ello, tras emitir una orden de precinto de las instalaciones alegando que no cuentan con los permisos ni las medidas de seguridad pertinentes.

El Ministerio del Interior, su titular, lo ha ignorado hasta ahora y recuerda que por ley es obligatorio tener centros de estas características y que, además, el de Barcelona cumple con todos los requisitos necesarios.