Cataluña obligará a acordar con los agentes locales los proyectos de energías renovables

Así lo ha indicado este jueves durante la Comisión de Acción Climática del Parlament, en la que ha avanzado su intención de modificar el decreto que regulaba el despliegue de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas en Cataluña. Jordà ha reconocido que este decreto, el 16/2019, provocó un malestar profundo en el territorio , en sus palabras, pero no porque los pueblos y comarcas de Cataluña estuvieran en contra de las renovables, «sino porque esta implantación no se puede hacer de espaldas a la gente, los ayuntamientos y los propietarios».

«Estamos aquí para solucionar problemas, no para crear más», ha sostenido la consejera, que se ha comprometido a aprobar la modificación este otoño y a desarrollar un nuevo modelo energético para Catalunya de la mano del sector ambientalista, del agroalimentario, de la sociedad y también del territorio y el mundo local. Según datos de la Generalitat, desde la aprobación del decreto 16/2019, se han presentado 522 anteproyectos de energías renovables -380 solares y 142 eólicos- , de los cuales se ha analizado la viabilidad de 392, se han aprobado 235, y cuatro ya se han puesto a información pública.

Según Jordà, el nuevo decreto responde a tres objetivos: asegurar la participación del territorio, distribuir el número de instalaciones para evitar la concentración de equipamientos en las mismas zonas, e impedir que la transición energética comporte una substitución masiva de campos de cultivo por placas fotovoltaicas y generadores eólicos. También ha explicado que iniciará una ronda de contactos con todos los afectados, pero que su propuesta es que los promotores de renovables necesiten acreditar un acuerdo mayoritario (del 85%) con la propiedad y hayan informado a los ayuntamientos; y también que la norma aplique a los proyectos que aún están por realizar.

La consejera ha reiterado la importancia de integrar las políticas energéticas con las climáticas, pero también con las del desarrollo rural y de soberanía alimentaria: «Es un reto de país, de las ciudades y de los pueblos», ha declarado, « la transición energética no se puede hacer a costa de nadie, ni puede hacerse con ganadores y perdedores ». «Creemos en un modelo energético soberano y democratizado; en su captación pero también en sus redes de transporte y distribución», ha añadido. Por otro lado, ha indicado que el Govern estimulará la proliferación de instalaciones de autoabastecimiento y declarará de interés estratégico todas las instalaciones vecinales y de municipales.

La nueva regulación protegerá los campos de cultivo más favorables a la agricultura, que no podrán utilizarse para plantas fotovoltaicas ni eólicas, y establecerá límites de superficie a ocupar que se extrapolarán a las comarcas estableciéndose un tope de instalaciones que también repercutirá en una mejor repartición de los equipamientos .

La consejera ha insistido en que estas decisiones se enmarcan en el objetivo «prioritario, claro y urgente» del Govern de impulsar las energías renovables, así como su intención de avanzar en la descarbonización y cerrar las tres centrales nucleares catalanas -que aportan el 54% de la energía en Catalunya- antes del año 2027. Se calcula que para compensar el cierre de las nucleares, será necesario multiplicar por 3,5 la producción energética de las plantas eólicas catalanas en 2030 , y por 17,5 la producción de las plantas fotovoltaicas, lo que supondría ampliar en 70.000 hectáreas la superficie dedicada a placas solares.

«Catalunya necesita emprender el camino de la revolución verde, y lo tiene que hacer de la mano del sector ambientalista y del sector alimentario ; es la hora de cooperar en vez de competir», ha dicho Jordà, que también ha apostado por la creación de una Asamblea Ciudadana por el Clima que fomente la participación.