Cataluña instruirá a la Inspección para que se arrincone el castellano

En estas últimas tres décadas, los nacionalistas han cumplido sobradamente esta doble meta y ahora, con la nueva ofensiva impulsada por el Govern para reforzar la presencia del catalán dentro y fuera de las aulas, y la sentencia ya firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a aplicar un 25 por ciento de castellano en todo el sistema, ese cometido cobra aún más fuerza.

En recientes declaraciones a los medios la secretaria de Transformación Educativa de la Generalitat, Núria Mora, reconocía abiertamente que este Cuerpo profesional tendrá un papel capital en el cumplimiento del nuevo «objetivo de país» y que se instruirá correctamente a sus miembros para que vigilen si los proyectos lingüísticos de los centros amenazan la supremacía curricular del catalán .

«A partir de este curso, en el marco del Plan Director de la Inspección , se fija como objetivo que cuando los inspectores vayan a un centro a realizar una visita vean qué es lo que pasa con la lengua, qué situación lingüística tienen, qué planes lingüísticos están llevando a cabo y si están actualizados», dijo Mora. Sus palabras confirman, según coinciden varios inspectores consultados por ABC, que «la Generalitat pretende utilizar una vez más a estos profesionales con fines exclusivamente políticos».

«Los inspectores deberían, en el ejercicio de su profesión y desde la más absoluta independencia, velar para que se cumpla la sentencia que impone un 25 por ciento más de castellano en todo el sistema educativo, pero en vez de ello, el gobierno catalán les instiga a que infrinjan la ley», señala en declaraciones a ABC Jesus Rul, que ejerció como inspector en Cataluña durante 32 años. En esas más de tres décadas en el cuerpo, Rul vivió en sus propias carnes como la Generalitat dirigía el ente inspector con fines, según afirma, «totalmente políticos».

Gran parte de las «anomalías» detectadas en el sistema las detalla en su libro «Nacionalismo catalán y adoctrinamiento escolar» (Editorial Amarante, 2019), en el que pone al descubierto, con vivencias reales, la estrategia que desde inicios de los años 90 ha urdido el nacionalismo para «tomar progresivamente el control ideológico de la educación usando la lengua como arma de construcción nacional».

El Gobierno traspasó en los años 80 a Cataluña la gestión de la inspección educativa . Desde entonces, la función de este órgano profesional destinado a supervisar el ajuste legal de las conductas escolares en el sistema educativo, y si hay irregularidades, objetivarlas para que se corrijan, «se ha ido desvirtuando con el paso de los años», denuncia Rul. En Cataluña existen actualmente 236 inspectores, un cuerpo estatal aunque controlado y gestionado directamente por la Generalitat. Su estructura profesional, con un nivel de interinaje sin parangón en España –ahora son el 60%, y hasta 2020 en que se convocaron un centenar de plazas ocho de cada diez inspectores eran nombrados por la Generalitat y no accedían al cargo a través de oposiciones–, garantizaba al gobierno catalán, según denuncia el sector, un control político directo sobre el órgano.

El sindicato Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE), de ámbito estatal, ha denunciado en numerosas ocasiones la «anómala» estructura del cuerpo de inspectores de Cataluña. «Que haya tantos profesionales que han accedido al cuerpo sin pasar por una oposición no es casual, es premeditado y se explica por un interés político», denuncia en declaraciones a ABC Javier Fernández, portavoz del sindicato. Recuerda que la situación «excepcional» de Cataluña no se da en ninguna otra comunidad, señala.

Según datos facilitados por Usie, en Galicia la cifra de inspectores interinos es del 0 por ciento, en Madrid, del 25 por ciento, en La Rioja, del 20%, en Aragón, del 15 por ciento, y en Asturias, del 10 por ciento.

La arquitectura del Cuerpo, propiciada por el Govern, impide, según denuncian los profesionales, «que los inspectores ejerzan su trabajo con profesionalidad e independencia» . «Sobre el papel la función de este cuerpo debería ser la de supervisión y control del sistema educativo, aunque actualmente los inspectores son simples burócratas y en algunos casos simples comisarios políticos», denuncia Jesús Rul. Este inspector de origen valenciano da fe de que, desde finales de los años 90, el castellano, lengua cooficial de Cataluña y oficial del Estado, «se ha ido arrinconando en las aulas con una intencionalidad política» hasta quedar en una «situación de absoluta marginalidad».

Precisamente por eso, ahora, con una sentencia irrecurrible que descabeza por primera vez la inmersión en catalán al obligar al Govern a impartir en todas las aulas de Cataluña un 25 por ciento al menos de español , este inspector cree que el papel de la inspección sería determinante para exigir al Govern, que ya ha anunciado desacato, que se mantenga en el terreno de la legalidad.

Tanto él como otros compañeros de profesión que prefieren mantenerse en el anonimato reconocen, sin embargo, en declaraciones a este medio, que «no va a ser así porque el cuerpo seguirá rendido al dictado del Govern». Tampoco la Alta Inspección, el otro ente fiscalizador del sistema educativo en España, y que depende directamente del Ministerio de Educación, va a mover pieza para que se garantice la ley. Su representación en Cataluña es casi residual y sus funciones para actuar como garante del buen funcionamiento del sistema «son limitadísimas», reconocen fuentes del sector educativo.

Con el fin de reforzar el control sobre el cuerpo y desvincularlo de cualquier normativa estatal, Cataluña ha creado en estos últimos años su propio marco legal . El último paso fue la aprobación, en marzo de 2020, del Decreto de la Inspección de Educación, que el sector interpreta como «una amputación más de sus atribuciones» y una «desvirtuación de la función sustantiva del cuerpo de supervisar el sistema y hacer que se ajusten al ordenamiento jurídico».