CiU apoya la gestión de inmigración del alcalde que no empadronará a «sin papeles»

En rueda de prensa, Artur Mas explica que ha hablado con el alcalde de la población, Josep Maria Vila d'Abadal (UDC), y destaca que Vic «ha sido y es un buen modelo desde el punto de vista de gestión e integración» de la inmigración.

Mientras, las reacciones por la medida puesta en marcha por el alcalde de Vic se han multiplicado hoy. La vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández De la Vega, ha recordado a Josep Maria Vila d'Abadal que no es «razonable» que una corporación tome decisiones unilaterales que «no están en el marco de la ley» sobre el censo de los inmigrantes en una localidad. «Hay que sujetarse a la ley», señaló De la Vega en una rueda de prensa tras reunirse con representantes de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) contempladas en la ley. Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, aseguró hoy que «a un inmigrante, aunque sea irregular, mientras esté en España tiene derechos y se le deben garantizar unos servicios sociales básicos».

La portavoz del grupo del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que su partido apuesta por «un debate sereno» sobre inmigración y financiación municipal y ha emplazado al PSOE a que adopte una posición, pues cree que el Gobierno tiene una y los ayuntamientos socialistas otra. Sáenz de Santamaría, en conferencia de prensa en el Congreso, se ha referido en estos términos a la política de inmigración que quiere implantar el Ayuntamiento de Vic (Barcelona), por la que los inmigrantes habrán de acreditar permiso de trabajo o residencia para empadronarse en el municipio.

Sáenz de Santamaría ha pedido al PSOE que se posicione y tenga claras las ideas, si bien la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que la intención del equipo municipal de Vic escapa a la ley. «Si el Ayuntamiento ha tomado decisiones fuera de la ley, la ley tendrá que aplicarse», ha señalado Sáenz de Santamaría antes de incidir en el «debate» interno que, a su juicio, se ha formado en el PSOE sobre la inmigración.

Por su parte, el gobierno de la Generalitat ha evitado desautorizar al Ayuntamiento de Vic en su decisión de no inscribir en el censo a los inmigrantes ilegales, aunque la consejera de Trabajo le ha recordado que está obligado a cumplir la ley y a inscribir a los extranjeros que viven en su municipio. "No conocemos la propuesta del ayuntamiento", ha indicado en el mismo sentido el consejero de Cultura, Joan Manuel Tresserres, quien se ha mostrado en contra de que el gobierno catalán se pronuncie sobre la polémica decisión del Ayuntamiento de Vic, en contraste con otros gobiernos que sí que lo han hecho, como el del Estado, a través de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.

Conscientes de que tanto ERC como el PSC forman parte del gobierno municipal de Vic, los consejerosresserres (ERC) y Serna (PSC) han eludido criticar la polémica decisión en la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern y se han remitido al texto del Pacto Nacional de Inmigración.

El alcalde había afirmado ayer que no denegarán el empadronamiento a los inmigrantes «sin papeles» y achacó a la «desinformación» la polémica que ha generado estos últimos días los nuevos criterios de inscripción en el municipio. El equipo de gobierno, formado por CiU, PSC y ERC, acordó que la Guardia Urbana verificará por «mandato legislativo» la autenticidad de los documentos que se aportan al solicitar el empadronamiento para evitar la falsedad documental. Por esto, la solicitud no se tramitará de forma inmediata, como se hacía hasta ahora, sino que tardará dos semanas en resolverse, informaron fuentes del Consistorio.