Torra presenta la primera demanda contra España ante el TEDH por el espionaje con Pegasus

En el caso de Torra, según ha detallado este jueves Elies Campo, investigador de Citizen Lab que destapó en 2022 el espionaje con el programa israelí a 60 independentistas, fue infectado hasta en ocho ocasiones, a través de mensajes que recibió en su móvil en abril de 2020. Algunos de ellos contenían enlaces de agencias de noticias, a través de los cuales se instaló el 'software' espía en su terminal. Aunque Pegasus no deja rastro, sí pueden detectarse «indicadores de compromiso» que pueden compararse con los localizados en los móviles de los 18 independentistas que el CNI admitió haber monitorizado con aval judicial, como el caso de Pere Aragonès, en la época en la que ejercía como vicepresidente de Torra.

«Hemos encontrado indicadores de compromiso comunes», ha confirmado Campo, durante la rueda de prensa para anunciar la demanda, junto a Costa y el 'expresident'. De hechos, gracias a los indicadores localizados en el análisis del teléfono de Aragonès, un juzgado de Barcelona ha vuelto a citar a la exdirectora de la Inteligencia española Paz Esteban por el espionaje a otros dos políticos republicanos, Josep Maria Jové y Diana Riba.

En el caso de Torra y Costa, ambos han esquivado la vía penal, y recurrieron a la administrativa, aunque su objetivo era llegar hasta Estrasburgo, como finalmente han hecho. Creen que es la vía más efectiva para saber qué información se sustrajo de sus teléfonos, y para qué se empleó. «Pedimos lo que ya sabíamos que el TEDH considera imprescindible, saber cuándo y cómo nos habían espiado y quién había sustraído la información», ha precisado el también exvicepresidente de la Mesa.

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Costa defiende que «el espionaje está acreditado aunque el Gobierno español lo niegue y los jueces españoles no quieran investigarlo. Luego, la parte más fácil de ganar de estas demandas está en la vulneración abstracta de derechos fundamentales: la existencia de una legislación de espionaje que no cumple los más mínimos estándares democráticos», ha apuntado, tras citar la doctrina Zakharov [Roman Zakharov v. Rusia, 2015], «que viene a decir que si tú tienes motivos para pensar que has sido espiado, tienes derecho a que se investigue, y a que las autoridades comprueben si te han espiado o no». En caso de que la legislación de un país no cuente con mecanismos para llevar a cabo una investigación independiente, «eso ya es contrario a los derechos humanos», ha indicado. Es decir, hace referencia a una «vulneración abstracta que afecta a cualquier persona».

La última alegación que Torra y Costa hacen en su demanda es la vulneración de derechos políticos, por una «interferencia injustificada» en los derechos de opinión, reunión y asociación. «Haber sido espiados como representantes políticos que éramos es una vulneración de derechos. También de representación porque nos espiaban en tanto que representantes de los ciudadanos», ha reprochado el 'expresident', tras recordar que la infección de su teléfono, en abril de 2020, se produjo durante el confinamiento por la pandemia, motivo por el que hacía mayor uso del dispositivo.

Aunque el proceso en Estrasburgo se demorará, esperan que una eventual victoria sirva para cambiar la Ley de Secretos Oficiales en España. «Una declaración del TEDH que considere que España actúa de forma contraria al estándar europeo en materia de espionaje debería empujar a los políticos del Estado español a cumplir su eterna promesa de cambiar la legislación», ha manifestado Costa.