Puigdemont obligará a Illa a asumir que los inmigrantes tengan que hablar catalán

Una de las cuestiones más polémicas que rescatará Junts en forma de resolución, pese a que en julio el mismo pleno ya lo rechazó, será la petición al Govern de reformar la ley de extranjería para incluir el conocimiento del catalán como requisito para regularizar su situación en el país.

Junts lo que quiere es obligar por ley a que los inmigrantes tengan que demostrar «el conocimiento de la lengua catalana», el A2 a los dos años de su llegada y el B2 a los cinco, para «regularizar su situación administrativa».

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Desde Junts consideran la exigencia a los inmigrantes «un compromiso colectivo» en «un momento en el que la lengua vive una situación de vulnerabilidad«. Para los de Puigdemot, ante este escenario » tiene que haber una implicación de todo el mundo y, también, de aquellos que vienen a nuestra casa«. De ahí que insistan en su iniciativa, que ya presentaron el pasado mes de marzo tras acordar con el PSOE la delegación de las comptencias de inmigración, conscientes de su pugna electoral con Aliança Catalana. La modificación de la ley, una vez se complete la transferencia, corresponderá a Illa.

Como suele ser habitual en estos debates, la oposición y los grupos que apoyan al partido mayoritario del Govern tratarán de marcar perfil propio frente a la formación que, en este caso, cuenta solo con 42 de los 135 diputados del Parlament. Presión para un Salvador Illa, presidente de la Generalitat, que pondrá en práctica toda su diplomacia para evitar el mayor número de derrotas. A pesar de que las mociones en este debate son solo de orientación política, los socialistas no quieren perderlas.

La debilidad del Govern es alta, pero el margen de derrota no lo es tanto, pues PSC, ERC y Comuns suman 68 (mayoría absoluta) y a estos se podrían sumar los cuatro escaños de la CUP, más que suficientes para frenar las mociones que hacen referencia a la rebaja de impuestos o que defienden aumentar las trabas en materia de inmigración (como aumentar de tres a diez los años de empadronamiento para acceder a una vivienda de protección oficial), al margen del requisito lingüístico, que presentará Junts. En cualquier caso, habrá margen para la transacción hasta el jueves.

Lo que sí desactivarán los socialistas desde el primer minuto es la estratagema de los de Carles Puigdemont, tal y como publicó ABC a mediados de septiembre, de llevar el acuerdo de Bruselas (por el que Junts apoya a Pedro Sánchez en la Moncloa) al Parlament con la intención de desgastar a Illa. En el PSC tienen muy claro que Junts no tiene recorrido por ese camino. «Nosotros hemos firmado el acuerdo de Bruselas», apuntan en el cuartel general del PSC, evitando así que se pueda abrir ni una sola grieta entre Ferraz y Pallars.

Por su parte, los populares, que como Vox, la CUP y Aliança Catalana, suelen obtener poco rédito de un debate de estas características, incidirán en asuntos clave con sus rivales en el campo de la derecha, incluyendo a Junts. Inmigración, seguridad y vivienda serán los asuntos que pondrán sobre la mesa. Y, además, intentarán retratar a Illa y situarlo más cerca «de Puigdemont que de la Constitución».