El PSOE cede a Cataluña el control de los secretarios e interventores municipales tras pactarlo con Junts
Acuerdan añadir una disposición adicional concreta para la Generalitat en la Ley de Bases de Régimen Local
Las asociaciones profesionales muestran su rechazo y advierten de que la iniciativa es inconstitucional
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A pesar de que hay visos de una manifiesta inconstitucionalidad, ya que el Tribunal Constitucional tumbó esta transferencia para el País Vasco, el Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a ceder completamente la gestión de los funcionarios municipales con habilitación nacional, es decir, ... los secretarios, interventores y tesoreros de los ayuntamientos. Según ha informado este viernes Junts, el partido de Carles Puigdemont ha llegado a un acuerdo con el PSOE para que se añada una disposición adicional concreta para la Generalitat en la Ley de Bases de Régimen Local, que se tramitará en el proceso de reforma de la Ley de Función Pública. La decisión cuenta con el rechazo de las asociaciones de habilitados nacionales que consideran que, si finalmente se aprueba la reforma, se producirá una «ruptura del régimen jurídico» de los funcionarios.
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El partido que preside el fugado de la Justicia española y socio de los socialistas en el Congreso ha sido el encargado de anunciar el acuerdo suscrito con el PSOE. El cambio de la Ley de Bases de Régimen Local supondrá la aprobación de una disposición adicional para que la Generalitat asuma «la gestión integral» de los funcionarios de la administración local con habilitación nacional. Así, en caso de que la Cámara Baja apruebe la iniciativa, la Generalitat tendrá la facultad de «creación, clasificación y supresión» de los puestos de trabajo de secretario, tesorero e interventores de los ayuntamientos; así como la aprobación de la oferta pública que considere oportuna, los procesos de selección, los nombramientos y los procesos de provisión y gestión administrativa integral de estos funcionarios.
En la práctica, los habilitados nacionales de Cataluña se desgajarán de los del conjunto de España y estarán en manos de la Generalitat. Estos funcionarios fueron muy importantes, por ejemplo, a la hora de impedir irregularidades (sobre todo económicas) desde los ayuntamientos en la época del 'procés' y, previamente, con la consulta del 9 de noviembre de 2014. Para Junts, esta nueva cesión del PSOE al secesionismo, es un «avance» y cumple con el compromiso adoptado por Sánchez en enero de 2024 cuando Junts permitió convalidar tres reales decretos (que finalmente solo se aprobaron dos).
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Sin embargo, este acuerdo no se ve desde la misma óptica por parte de las asociaciones de funcionarios locales. La Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Apsital), por ejemplo, nada más conocer el anuncio de que el PSOE permitirá la separación de Cataluña de los habilitados nacionales ha mostrado su rechazo. En una nota, Apsital ha señalado que «implica la ruptura del régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, además de ser manifiestamente inconstitucional».
Desde la entidad se ha recordado que el Tribunal Constitucional, ya en 1983, declaró que la selección de funcionarios pertenecientes a los cuerpos nacionales de secretarios e interventores y su adscripción a plazas determinadas es competencia del Estado, pues pertenece al núcleo de las bases de la regulación que menciona el artículo 149.1.18.ª de la Constitución. De esta manera, Apsital ha recordado que en enero ya se opuso al pacto en el Gobierno y la Generalitat por la que la segunda administración asumía los procesos de selección de la próxima convocatoria pública de funcionarios locales, que el Govern aprobó hace solo unos días.
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En concreto, 218 nuevas plazas que Salvador Illa ya ha activado y que para Apsital es un «claro fraude de ley», pues «era el primer paso para legitimar la plena transferencia de atribuciones, como así se ha producido». Es por todo ello que desde la asociación profesional se advierte de que con la fragmentación de este cuerpo de funcionarios se pierde «imparcialidad» en «los encargados del control jurídico y económico en las entidades locales», que solo se logra «con una selección centralizada, alejada de los poderes políticos territoriales y de su influencia en los procesos de selección».
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