Junts y ERC no logran acordar ni una propuesta de financiación
Aragonès califica de «estrafalaria» la oferta de Junts y presume de lo arrancado al Gobierno
Unanimidad de las entidades económicas catalanas por un nuevo sistema de financiación
Aragonès, durante un acto de campaña en Gerona
En septiembre de 2012, un Mariano Rajoy en plena tormenta económica le negaba a Artur Mas su demanda de un pacto fiscal para Cataluña.Fue la excusa para que el dirigente catalán abriese la espita del 'procés', en buena parte sustentado sobre la reivindicación de ... un mejor trato económico para Cataluña y la demanda histórica de corrección del llamado déficit fiscal. Aquella demanda inicial acabó degenerando en los hechos de 2017 y todas sus derivadas, un quebranto que conduciría, como una de las consecuencias más visibles, a la ruptura de la más aparente que real unidad independentista.
A grandes trazos, el secesionismo se partiría entre unilateralistas, agrupados entorno a Puigdemont, y posibilistas, abanderados por ERCy su apuesta por el entendimiento con el PSOE. La ruptura fue total, hasta el punto de no poder sostener el gobierno de coalición que mantenían desde 2017 y que naufragó con la salida de Junts del Govern en 2022.
La división entre unos y otros se calibra también ahora cuando se comparan las distintas propuestas de financiación que presentan así como los adjetivos con las que se descalifica la oferta del rival. Incapaces de llegar a un consenso en la estrategia a largo plazo para lograr la independencia, incapaces de pactar igualmente lo más básico: la financiación, que se entiende que es el mínimo común de la reivindicación 'indepe'.
Hoy mismo, el presidente de la Generalitat y candidato de Esquerra, Pere Aragonès, calificaba de «estrafalaria» la propuesta de Junts, que ve como improvisada frente a una oferta, la de ERC, que sitúa como nuclear para los próximos años y que estaba incluso por delante de la del referéndum hasta que Carles Puigdemont irrumpió en la carrera electoral y radicalizó todos los discursos.
La propuesta de ERC pasa por recaudar todos los impuestos generados en el territorio catalán –51.961 millones anuales–, de los cuales, denunció el candidato, la Generalitat gestiona ahora el 9%. En realidad, lo que propone ERC es recaudar el 100% para que, después, la Generalitat pague al Estado por los servicios que presta en Cataluña, además de «una cuota de solidaridad» que, por ahora, no se sabe a cuanto ascendería; es decir, un pacto fiscal que implica la salida de Cataluña del régimen común, emulando el régimen foral de Navarra y el País vasco.
La propuesta de Junts va en la misma dirección, aunque difiere en aspectos sustanciales. Modificación de la Lofca para establecer una «cláusula de excepción de Cataluña donde se reconozca la singularidad en que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y se facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan a Cataluña». Esa sería la primera condición para aprobar al Gobierno los Presupuestos Generales del Estado. La divergencia con ERC en el plan de Junts pasa por «elaborar una propuesta de cancelación de la deuda pública de la Generalitat en manos del Estado a cuenta de las inversiones presupuestadas y no ejecutadas». Es decir, toda partida que se presupueste pero no se ejecute –con la vista puesta en las infraestructuras, de manera principal– será descontada de la deuda catalana con el Estado.
Para ERC, lo «estrafalario» de la propuesta, un futurible, contrasta con la política de logros de la que presume ERC en su estrategia de acercamiento al Gobierno. Es decir, los 5.000 millones que lograría Junts a cuenta de inversiones no ejecutadas, según el cálculo de los republicanos, en contraste con los 15.000 –el 20% de los 71.000 del FLA que Cataluña adeuda al Estado– de condonación parcial que ERC sacó al Gobierno a cuenta de la investidura de Pedro Sánchez. «O no se han mirado los números o van detrás de las propuestas de ERC y copian mal», ironizó Aragonès.
El republicano también descalifica la propuesta de consorcio tributario conjunto que plantea el PSC, un «café para todos aguado» que, advierte el candidato, en ningún caso debería negociarse en la misma mesa en la que se sentase la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.