El juez de Tarragona descarta investigar a Montoro por acceder a información fiscal de rivales políticos y periodistas

Así, el titular de Instrucción 2 de Tarragona rechaza su personación como perjudicados en la causa. También la del jefe de Investigación de este diario, Javier Chicote, que fue quien destapó el caso con varias publicaciones entre abril y junio de 2017. A raíz de su trabajo periodístico, la Agencia Tributaria le abrió varias inspecciones, tal y como demuestran los correos que obran en la causa. Pero ahora el juez sostiene que dichos hechos no guardan relación con la investigación, que se centra en las gasistas y en la cúpula de Hacienda cuando Montoro era ministro.

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«Las presentes actuaciones se incoan como consecuencia del hallazgo casual de un correo electrónico, que ponía de manifiesto la existencia de unos pagos a la mercantil Equipo Económico, con el objeto de obtener modificaciones legislativas favorables para una serie de empresas del sector gasístico englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM)», reza el auto.

Esas pesquisas «pusieron de manifiesto la posible existencia de una trama que giraría en torno a la mercantil Equipo Económico (actualmente Global Afteli), en la que intervendrían personas que habrían desempeñado altos cargos en el Gobierno y en la Administración, que habría ido creando una red de influencias sobre altos cargos y funcionarios que, a cambio de un precio, intervienen decisivamente en reformas legislativas de favor de sus clientes». Y repite así el instructor el mismo argumento empleado para denegar la personación de Rato y Monedero en la causa, en sendas resoluciones.

Respecto a este último, el juez indica que de la lectura de los cinco correos relativos a su situación fiscal no se puede deducir «la comisión de delito alguno», ya que no explican el motivo por el que se iniciaron las actuaciones inspectoras, ni que se le realizase una inspección carente de causa o que esta se haya falseado o adulterado, sino que se informa de la actuaciones de la Agencia Tributaria. Sostiene así que «no debe olvidarse que al ministro de Hacienda le corresponde la superior dirección de la AEAT y que, por tanto, puede conocer esos datos».

En cuanto a los relativos a Rato, nueve correos que remitió el jefe de gabinete de Montoro al propio ministro entre 2014 y 2015, el instructor entiende que en algunos se detallan actuaciones de la Agencia Tributaria y en otros se informa sobre una actuación judicial, y, al igual que con Monedero, entiende que no se puede inferir la comisión de ningún delito, ya que su remisión se dio entre «personas legalmente autorizadas para conocer esa información, sin que se acredite que hayan hechos uso de la misma ni se haya revelado a terceros».

Concluye así que la información transmitida no constituye el objeto del delito, al tratarse de datos que, aunque reservados, no se encuentran en ficheros, soportes, archivos o registros, y, además, las personas que disponen de dicha información, sí estarían autorizados para conocerla». Cierra así la puerta al juez, al menos de momento, a investigar a Montoro por el trasvase de datos reservados de la Agencia Tributaria.