El juez mantuvo siete años en secreto la causa por temor a que se fuera «al traste» si Montoro la conocía

El magistrado Rubén Rus, en una decisión sin precedentes, mantuvo al margen de los pasos de la investigación a las partes durante siete años, lo que evitó que ésta saliera a la luz.

Las diligencias por si el ministro cobró –a través del despacho Equipo Económico, que él mismo fundó en 2008– de empresas a las que prometió conseguir cambios legales a su favor cuando era miembro del Consejo de Ministros, arrancaron el 2 de agosto de 2018 y el instructor las fue prorrogando una y otra vez.

En uno de los autos con los que extendió el secreto reforzado seis meses más –el límite legal permitido en cada decisión– que ha salido a la luz una vez las partes han accedido al sumario, el juez Ruz expuso: «Como señala el Ministerio Fiscal, la investigación de la causa es sumamente compleja por la necesidad de estudiar las reformas legislativas en las que supuestamente pudieron tener influencia las personas investigadas por la dificultad de determinar el alcance de las comisiones percibidas así como el destino último de las cantidades.

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La dificultad de la investigación de hechos que podrían ser constitutivos de delitos de malversación cohecho, prevaricación, blanqueo y otros, determinan la necesidad de mantener el secreto evitando así injerencias que lleven al traste la investigación, por lo que se encuentra justificado prorrogar el secreto de las actuaciones.

En relación a la restricción de carácter material, debe tenerse en cuenta que la naturaleza de las diligencias solicitadas exige que la medida de secreto se extienda a la totalidad de las actuaciones, privando a las partes de la posibilidad de intervenir en las diligencias que en su caso se practiquen e impidiendo que les sea notificada resolución alguna afectada por el secreto. Lógicamente, el secreto de las actuaciones no puede afectar al Ministerio Fiscal, que no es una parte personada sino un órgano constitucional del Estado integrado con autonomía en el Poder Judicial».

Así justificó la decisión en una resolución de 2019, que se repitió una y otra vez hasta 2025, cuando finalmente han trascendido las actuaciones.

El 19 de junio, cuando el magistrado levantó el secreto, se conoció el motivo por el que se inició la causa: «La existencia de posibles pagos a la mercantil Equipo Económico a fin de obtener modificaciones legislativas favorables para las empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (Afgim)».

En el auto con el que acordó la decisión, quedó claro que los investigadores consideran que las empresas que se dirigieron a Equipo Económico lo hicieron porque sabían que Montoro estaba detrás de la firma y por lo que podía conseguir al estar en el Gobierno de Mariano Rajoy.

Así, el juez explicó que Afgim contrató a Equipo Económico, como se ha desprendido de los correos intervenidos a los implicados, porque se trataba de un gabinete económico que tenía «acceso al Ministerio de Hacienda para conseguir esta reducción impositiva. Incluso se dice que la vía más directa, como siempre, es pagar a este EE que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro», expuso el instructor.

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A medida que la causa ha avanzado, según la documentación del sumario consultado por ABC, los indicios contra el exministro se consolidaron y se elevó el número de delitos por los que él y los otros 27 implicados, entre empresarios y altos cargos de Hacienda, algunos de ellos que acabaron en la consultora, están investigados. En este momento la causa se sigue por cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas entre funcionarios, corrupción en los negocios y falsedad documental.