Illa se compromete a cuadruplicar los recursos de la agencia tributaria catalana para avanzar en el concierto pactado con ERC

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Illa ha respondido así a las preguntas del líder de ERC en la cámara catalana, Josep Maria Jové, que ha presionado a Illa avisándole de que la legislatura "no tiene sentido si no hay avances reales y tangibles" en financiación, en una velada amenaza de retirada de apoyos, la segunda de esta semana. Jové le ha pedido "concreciones reales" sobre qué va a hacer su gobierno para reforzar la administración tributaria catalana.

Según la memoria publicada en 2023, la ATC tiene 852 empleados y un presupuesto de poco más de 92 millones de euros, que de cumplirse lo que promete el presidente catalán tendrían que pasar a unos 3.400 empleados y a cerca de 370 millones de euros de presupuesto.

Unas grandes cifras que han despertado las suspicacias de las organizaciones que representan a los trabajadores de la Agencia Tributaria. Sospechan que una ampliación de estas características solo puede concretarse a costa de incorporar el personal y los medios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Algo que según explicaron a ABC el secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) y la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), es más fácil de decir que de hacer, sobre todo en lo que refiere al personal.

La AEAT tiene 3.800 empleados en Cataluña -casi los mismos que necesitará la Generalitat para su organismo tributario- y buena parte provienen de otras comunidades autónomas. Según José María Peláez, portavoz de la asociaciones de inspectores de Hacienda, «la mayoría no querrían quedarse en Cataluña», y lo mismo puede decirse de los técnicos de Hacienda, entre los que las demandas de traslado ya son más altas que en otras comunidades, según explica José María Mollinedo, secretario general de Gestha.

"Multiplicar la Hacienda catalana por cuatro o asumir la gestión del Impuesto sobre la Renta ya en 2025 no puede hacerse si no es traspasando efectivos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a la agencia catalana", aseguran desde la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. "Todo indica que van a ir dando pasos por la vía d ehecho, sabiendo que después será imposible dar marcha atrás. Es una auténtica barbaridad, con unas consecuencias muy graves en la aplicación del sistema tributario y en la lucha contra el fraude fiscal, aunque parezca que a ningún político le importa", advierten.

Illa, en la primera sesión de control al Govern tras las elecciones del 14 de mayo y la investidura de agosto, ha reiterado su compromiso con respetar y cumplir el acuerdo entre el PSC y ERC: «Cumpliremos no solo el acuerdo, sino también los plazos que el propio acuerdo recoge, que son ambiciosos», ha subrayado. Y ha vuelto a defender que es imprescindible que Cataluña tenga »una financiación justa«, sin privilegios, a pesar de que un sistema de concierto económico para la Generalitat supondrá menos recursos para otras regiones.

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En esta línea, Jové le ha exigido «concreciones reales» sobre cómo avanzar en esa línea y qué hará el Govern para que la Agencia Tributaria de Cataluña pueda asumir las competencias de todos los impuestos, previstas en el acuerdo de investidura. Ha sido entonces cuando Illa ha respondido que, sin duda, se tomarán «las medidas necesarias para redimensionar» la Hacienda catalana, que deberá multiplicar por cuatro sus recursos y dimensiones.

Por otro lado, en respuesta a una pregunta del PP, la consejera Romero ha defendido la redistribución de la riqueza y una política fiscal con la presión fiscal que aplica la Generalitat para «reducir las desigualdades». En opinión de Romero, para «reforzar el Estado del bienestar», es necesario redistribuir la riqueza generada, aunque limite esta acción con el resto de regiones al defender el concierto económico y, por lo tanto, limitar esta redistribución entre las comunidades autónomas.

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«Nosotros gobernamos para todo el mundo -ha respondido la consejera de Juan Fernández, el diputado del PP que ha efectuado la pregunta oral en la sesión de control al Govern-, para generar riqueza y redistribuirla. Ustedes solo quieren bajar impuestos a los ricos, nosotros defendemos a las familias», ha dicho. Y ha cargado contra la política fiscal de la Comunidad de Madrid porque ha señalado que «perjudica la desigualdad que hay en España».

La política fiscal de la Generalitat, ha defendido Romero, debe reflejar la fórmula de que «quien más gana, quien más tiene, quien más hereda, quien más contamina, pague más». Una fórmula que no se aplicaría en caso de que se reforme la financiación autonómica en la línea de lo pactado por ERC y el PSC, siempre que se entienda la redistribución por toda España.