La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha señalado en rueda de prensa tras la reunión semanal del ejecutivo regional que, desde su punto de vista, la sentencia «avalará jurídicamente la ley educativa española que incluye, como disposición adicional, la prohibición de destinar recursos públicos« a estos centros, si bien el Constitucional ha señalado que es potestad del legislador y no una prohibición u obligación constitucional.
El Govern catalán está pendiente de la publicación de la sentencia sobre la 'ley Celáa', pues solo se conoce el fallo, para estudiarla y «plantear los recursos correspondientes» ante el TSJC, que otorgó unas medidas cautelares a favor de una decena de centros educativos catalanes, todos de carácter religioso, que segregan por sexo.
Si finalmente queda avalada la prohibición a través de la ley, en la Generalitat se considera que habrá quedado «apuntalada» la decisión de la Consejería de Educación, que en marzo de 2022 no renovó los conciertos educativos de segundo ciclo de Educación Infantil y la ESO a los centros que, previo requerimiento, no comunicaran su intención de dejar de separar el alumnado por sexo.
«No compartimos este modelo educativo y la de destinar dinero público a este tipo de educación. Si alguien considera que debe seguir existiendo, debe financiarse con dinero privado«, ha dicho Plaja durante la rueda de prensa para explicar la decisión del Govern. La decisión del Constitucional se adoptó por mayoría y con cuatro votos particulares que discrepan de la mayoría.
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