La comisaría de Vía Layetana será «espacio de memoria», pero sin perder sus usos policiales

Desde hace años, particularmente con el 'procés' y los graves disturbios en Vía Layetana tras la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a sus líderes, la Jefatura de Policía se ha convertido en objetivo a eliminar por parte de los partidos independentistas y de los comunes, que han reclamado en numerosas iniciativas su cierre y traslado.

Ahora, tras la reunión mantenida esta mañana en Barcelona entre el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el alcalde Jaume Collboni, se ha anunciado la conversión del edificio en «espacio de memoria», sin que se concrete exactamente qué implicará. Al respecto, Torres ha avanzado que «su futuro será acordado entre todas las administraciones desde el consenso, el diálogo compartido y la mejor decisión» a la que lleguen todos.

Y es que es el Ministerio del Interior el dueño del edificio. En reiteradas ocasiones, preguntado al respecto, su titular, Fernando Grande Marslaska, ha subrayado que la Policía seguirá empleando las instalaciones que, en la actualidad, solo albergan despachos de mandos, ya que la operativa se encuentra, desde hace años, en la sede del CNP en La Verneda (Barcelona).

Durante el encuentro, el alcalde ha pedido también al ministro Torres que se avance en los procesos de anulación de los consejos de guerra contra figuras republicanas y del antifranquismo que todavía siguen vigentes, como el del presidente Lluís Companys o el del militante anarquista Salvador Puig Antich. Desde el Consistorio se considera que se trata de «una cuestión de reparación y justicia histórica». «La anulación de los procesos judiciales que resultaron en condenas injustas es un elemento primordial de justicia y reparación para todos los hombres y mujeres que lucharon contra la dictadura y sus familiares», se apunta.

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En una nota, el Ayuntamiento señala que tanto el ministro como el alcalde han puesto en valor que «las acciones de recuperación de la memoria de las personas represaliadas son necesarias porque, ante la ofensiva de la ultraderecha para intentar blanquear la dictadura y falsear la historia, los gobiernos progresistas tienen el deber de conseguir la máxima reparación a las víctimas de la dictadura».