Sixto Ramón Parro: el funcionario provincial

En imágenes: empleado público, diputado gobernador y alcalde

Como él puso de manifiesto en su Toledo en la mano, ese era el lugar de encuentro para cuantos «vecinos y forasteros» se ocupaban de negocios. Su biografía es reveladora, por ello, de la configuración y los avatares del bloque social dominante en el Toledo de su época. Es en el ámbito de esas oficinas, así como en la Sociedad Económica de Amigos del País y en el Colegio de Abogados, y en conexión con la jerarquía eclesiástica y los mandos militares, donde se formó entonces el amplio grupo de funcionarios, juristas y propietarios que mantuvo por mucho tiempo, marginando a los numerosos ciudadanos opuestos a su tradicionalismo, el control y aliento conservador de las instituciones toledanas. No surgió, pues, como sugería Jesús Cobo, en el claustro universitario, ligado a esas otras instancias, cierto, pero mucho más restringido y desaparecido, además, en 1845.

En definitiva, para saber quién fuera el ilustre autor de Toledo en la mano, a la lectura y análisis de su obra habrá que añadir el examen de su recorrido personal como empleado de la Administración, prohombre de las instituciones toledanas y miembro del partido en el poder. Hay que reparar, a su vez, en que hará carrera, siempre a la sombra de personas de mayor ambición y relevancia que lo sostienen y encumbran -su hermano José Manuel, su cuñado Toribio Guillermo Monreal, el gobernador Félix Sánchez Fano, el abogado y propietario Manuel María Herreros, también gobernador-, en un sistema establecido al servicio de los intereses oligárquicos, gestionados desde la capital del país, de hombres de negocio, terratenientes, financieros e Iglesia.

Por lo que respecta a los rasgos organizativos del Estado al que Parro sirvió, estaban marcados por el pensamiento liberal doctrinario de los líderes ideológicos del Partido Moderado y por las reformas administrativas que ellos introdujeron. Aparecen claramente definidos por la Constitución de 1845 y las leyes que la desarrollan. Se conforma como una estructura fuertemente piramidal, identificada con la Administración, en cuya cúspide se encuentra la Corona, que actúa y ordena a través de las decisiones del gobierno central, fuertemente mediatizado por ejército e Iglesia. El gobierno, a su vez, nombra a los alcaldes y, a nivel provincial, está representado por el jefe político y el intendente hasta 1849, cargos unificados a partir de entonces en la figura del Gobernador Civil, quien preside la Diputación asistido por un Consejo Administrativo Provincial y controla tanto la actividad y gestión de los distintos municipios como las diversas convocatorias electorales, sean generales, provinciales o municipales. Ese funcionamiento se mantendrá, sin grandes modificaciones de fondo pese a los cambios constitucionales, y exceptuando la corta etapa, entre 1868 y 1874, del sexenio democrático, hasta la segunda república.

Tal es el contexto orgánico en que Sixto Ramón Parro desarrolla su actuación como funcionario. Va a estar supeditada a los criterios administrativos de centralización, jerarquía y cadena de mando que se pretendía rigieran el funcionamiento general del país. Como consecuencia, no siempre se conduce conforme a sus reiteradas declaraciones a favor de la Iglesia. Es lógico, por el contrario, que actúe contra los intereses eclesiásticos en 1837, siguiendo de manera disciplinada las instrucciones del jefe político de la provincia, cuando ha de inculpar a canónigos opuestos a la legislación sobre los diezmos. Incluso llevará a prisión entonces a quien luego sería uno de sus más significados colaboradores para la recopilación de los datos utilizados en su obra, el muy conservador canónigo obrero Gregorio Martín de Urda, más tarde deán, con quien compartiría labores en la Comisión Provincial de Monumentos. Asimismo, entre 1836 y 1845, se mantendrá al margen de los conflictos entre cabildo y Estado derivados del nombramiento de Pedro González Vallejo como arzobispo y de Miguel Golfanguer como vicario general, al contrario que sus amigos Antolín Monescillo, futuro arzobispo, el ultracatólico León Carbonero y Sol, Manuel María Herreros y Nicolás Magán.

Su actividad en el terreno de la función pública queda limitada, en suma, a las tareas propias de un gestor casi carente de iniciativa personal. De hecho, los muchos cargos que ocupó en las esferas urbana y provincial nunca tuvieron un origen electivo, sino que fue nombrado bien por designación, bien por cooptación. De ahí que apenas intervenga, salvo para la instalación en Toledo del Colegio General Militar y la posterior de los centros de beneficencia en San Pedro Mártir y del Museo Provincial en San Juan de los Reyes, en asuntos del mayor interés para la población, siempre nacidos de propuestas ajenas, como la construcción del ferrocarril o la traída de aguas potables. Por otra parte, la mayoría de las sesiones municipales que presidió como alcalde corregidor entre marzo de 1848 y junio de 1850 estuvieron dedicadas bien a trámites diversos, bien a dar cumplimiento a disposiciones del gobierno, el jefe político o el intendente, o a requerimientos de organismos ajenos al Ayuntamiento. No sorprende, pues, «la censura de vecinos y forasteros» a su gestión, de que se quejó con amargura meses antes de presentar su dimisión irrevocable al tiempo que atribuía la falta de resultados positivos a la escasez de recursos propios del Ayuntamiento y a la obligatoriedad de responder a dichas gravosas exigencias.