Las cuadrillas de la Junta de Castilla y León trabajarán todo el año en la lucha contra el fuego

El objetivo para esta legislatura es que los trabajadores públicos de las cuadrillas del operativo que lucha contra los incendios forestales pierdan el «apellido» de fijo discontinuo y se emplee en estas labores los doce meses del año, mientras que los de las empresas privadas pasen de un promedio de 7,6 meses a al menos nueve.

En un operativo formado esta campaña por más de 4.500 personas y que «se ha venido mejorando todos estos años» en distintos ámbitos -horas, personal, condiciones, medios materiales, formación...-, la idea no es avanzar en su mejora, «sino en su transformación», y hacerlo a lo largo de esta legislatura, e incluso con avances concretos de cara al próximo otoño, apuntó el consejero. Requerirá del trabajo desde dos frentes, pues la Junta sigue apostando por un modelo mixto que incluye personal público y privado, planteamiento que comparten CEOE y UGT, aunque no CCOO, que apuesta por un operativo cien por cien público y que no compareció junto al resto para expresar su postura, aunque sí está a favor de trabajar en los avances planteados, apuntó Quiñones. Un híbrido que propicie también «mantener un sector» dedicado a tratamientos selvícolas y del monte por parte de empresas privadas.

Por un lado, se trabajará para el fin de la temporalidad de los cerca de 900 empleados públicos fijos-discontinuos, lo que requerirá de un cambio en el convenio de la función pública, sobre el que precisamente ahora se está trabajando. El 1 de agosto se reunirá la mesa técnica para comenzar a ver las modificaciones como las labores que deberá hacer el resto del año los 140 trabajadores de las torretas de vigilancia, los conductores de motobombas o mangueristas, así como los «hitos» en el camino y los cálculos presupuestarios, que ya avanzó el consejero se elevarán a «varias decenas de millones de euros», que la Junta «está dispuesta a llevar al reflejo presupuestario».

Por otro lado, para las cuadrillas contratadas en épocas de mayor riesgo, serán empresarios y sindicatos los que deberán negociar, con la pretensión también de su «estabilización», de modo que a lo largo de esta legislatura pasen de trabajar en las labores de lucha contra los incendios forestales los 7,6 meses al año actuales a un «mínimo de nueve» para «evitar la temporalidad». Hay voluntad de acuerdo con un trabajo «conjunto», reconoció el secretario general de CEOE Castilla y León, David Esteban, quien respaldó el modelo mixto y reivindicó «proteger» el sector privado, con presencia en «casi toda Castilla y León» y especial repercusión en los pueblos. «Ese tejido no se puede perder», subrayó. También está de acuerdo UGT, pues esas empresas también generan actividad económica, pero «lo privado nunca puede detraer ni un solo euro de lo público», advirtió Raúl Santa Eufemia, quien tendió la mano para el acuerdo y valoró que lo planteado supone «un cambio radical del sector», aunque advirtió de que serán «duros» si «sigue la errática política» en esta materia.

«Será un operativo absolutamente estabilizado con prevalencia de lo público, profesionalizado con formación y dignificado en sus funciones», resumió el consejero, quien aseguró que la Junta afronta la negociación «sin líneas rojas». Tampoco, dijo, en la posibilidad de crear la demandada categoría de bombero forestal, aunque advirtió de que «detrás de las palabras tiene que haber contenido», y el Gobierno autonómico apuesta por un modelo de «prevención-extinción» y «no sólo» para que apaguen fuegos.

Otro de los puntos del acuerdo es situar a los trabajadores de mayor edad en «puestos de respiro» y más alejados de la primera línea de la lucha contra las llamas -este año ha fallecido un brigadista de 62 años en el incendio de la localidad zamorana de Losacio- «en tanto en cuanto» el Gobierno central no cambie la normativa para adelantar la edad de jubilación. Todos los integrantes del operativo pasan un examen médico «muy riguroso» antes de incorporarse a las labores de extinción, puntualizó el Quiñones.

Acuerdo también en que las «anomalías climáticas» de elevadas temperaturas, estrés hídrico o previsiones meteorológicas que no se cumplen están detrás de las dimensiones de los fuegos forestales que se están viviendo. Así como en «recuperar el uso del territorio perdido».

Por su parte, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, aseguró ayer en declaraciones recogidas por Ical que el Gobierno autonómico ya trabaja en desplegar ayudas para las zonas más afectadas por los incendios forestales en Castilla y León con el fin de «impulsar cuanto antes su actividad productiva» y «compensar los costes» que han dejado las llamas.