La primera línea contra la violencia de género

«Funcionan las 24 horas y 365 días al año», recuerda, y forman parte de la red de protección de recursos de la Junta. «Se ofrece una respuesta inmediata de amparo para mujeres que acuden derivadas por los CEAS, los juzgados, la policía, servicios hospitalarios...», indica sobre unos ingresos que son «voluntarios» y para los que no se requiere haber presentado una denuncia. «Allí permanecen un breve periodo de tiempo hasta que pasan a otros recursos», añade sobre un alojamiento al que acceden mujeres mayores de 18 años y personas a su cargo y en el que el dispositivo psicológico siempre está también a alerta.

«No disminuyen los números», asegura, sino que en 2023 esperan incluso que se superen las atenciones del año previo. Desde 1999, cuando abrieron sus puertas, por estos centros han pasado 7.590 personas, 272 en lo que va de año. Lo que perciben desde allí es que «acuden cada vez más jóvenes y ahora son un porcentaje elevado». Se trata sobre todo de mujeres con «escasas posibilidades económicas» y que van ante la falta de apoyo social y familiar. En cambio, en el programa de orientación, que guía en el ámbito social, laboral y jurídico, la media se sitúa en torno a los 36 y 46 años.

La misma visión comparten en la Asociación Leonesa 'Simone de Beauvoir', que dispone de una de las trece casas de acogida que forman parte del sistema autonómico. «El trabajo en red de todas las provincias ha agilizado mucho la atención», detalla la trabajadora social María Jesús Blanco, sobre el dispositivo leonés, cuyas plazas para seis núcleos familiares «están completas». La misión de estas viviendas es dar cobijo a víctimas y menores a su cargo en periodos de 15 días que se pueden alargar hasta 18 meses.

Con 32 años de experiencia a sus espaldas, María Jesús ve ahora un cambio en el perfil de las atendidas: más jóvenes y personas migrantes. Eso es lo que perciben en la asociación leonesa, desde donde Mónica Alonso, también trabajadora social, asegura que en este caso la «situación es aún más compleja». Desconocimiento del idioma, aislamiento social y una falta importante de respaldo a su alrededor hacen que «todo se complique aún más». «Nos llaman padres preocupados por la situación de sus hijas, para saber cómo las pueden ayudar», afirma sobre que cada vez más jóvenes lleguen en busca de ayuda también a su centro de atención integral donde prestan apoyo social, jurídico y psicológico.

Hay más denuncias, más visibilización de un problema que «ya se percibe como un delito» y está en boca de la sociedad. «Eso ya es un paso de gigante», dicen. Pero lejos de disminuir, el problema sigue ahí, alertan, y así será mientras no se trabaje en «educación».

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«Estas mujeres necesitan muchas cosas. Primero afrontar y adaptarse a la situación, que no es nada fácil», considera María Jesús. Pero, después es necesario trabajar en su integración, también laboral, para que puedan emprender una nueva vida en la que estos problemas dejan cicatrices y procesos «muy dolorosos», como los judiciales. «Les ponen muy nerviosas porque se juegan mucho», explican las trabajadoras sociales sobre medidas que afectarán a las custodias de sus hijos.

Es ahí donde intervienen los abogados, otro de los primeros eslabones para ayudar a las víctimas. Loreto Sancho forma parte del equipo de la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos tratos (Adavasmyt) de Valladolid. La asistencia jurídica se ha mantenido en cuanto al número de casos, con un aumento «importante» de la violencia sexual, explica. «Ha bajado la edad de las víctimas», asevera ante una realidad en la que los malos tratos «siguen también existiendo» con un perfil de mujeres de en torno a 40 años. En lo que se centra ahora esta agrupación es en la «sensibilización» con campañas en institutos e incluso en festivales de música, relata, porque la clave está ahí. «No hemos educado bien en sexualidad ni tampoco para las relaciones de pareja», subraya convencida de que la solución está en hacerlo adecuadamente desde los colegios, pero también dentro de las propias familias.

«Ahora sí se atreven a dar el paso de denunciar», señala. Pero en el «periplo judicial hay muchas que se echan atrás». Y es que en menores de edad está ya muy tasado que no tengan que acudir más de una vez a los juzgados, pero en el caso de los mayores se «podría establecer algún mecanismo» para evitar «la revictimización» que supone repetir el mismo testimonio en numerosas ocasiones ante caras desconocidas.

En todo el proceso es fundamental el respaldo psicológico para hacer frente a la «mochila emocional» con la que cargan en muchas casos estas mujeres. De eso se encarga Elena Hermua en la asociación de atención a víctimas de Salamanca. Desde su puesto, ve cómo la demanda sigue en aumento y la edad de las requirientes disminuyendo. «Tienen entre 30 y 40 años, pero son ya significativos los casos de entre 18 y 25», explica, ante las situaciones de «todo tipo» que llegan a su despacho. «Hay quien ya ha conseguido salir después de situaciones insostenibles y quien pide ayuda y asesoramiento para dar el paso», apunta. Lo que es habitual es que acudan con la autoestima minada y «pensando que no podrán afrontarlo». «Los agresores se han encargado de repetirlas que no encontrarán trabajo, que les harán la vida imposible y ese miedo está muy arraigado». Así que su trabajo consiste en afrontar el escenario «de la mejor manera posible», «acabar con la ansiedad que padecen, con la distorsión de la imagen de sí mismas y convencerlas de que podrán salir con sus capacidades». «Lo que me repiten todas es que lo único que quieren es poder vivir tranquilas», concluye.

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En la mayoría de los casos el primer escenario en el que encaran el «cambio» es en la Comisaría. La toma de contacto es «crucial». «Tienen un gran problema, han sufrido y han hecho un gran esfuerzo para sacar fuerzas y presentarse». Allí se encuentran hoy en día con un equipo especializado, el de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que en Valladolid dirige Luis Miguel Díez. Están formados para tratar el abismo al que se enfrentan, acompañarlas y protegerlas. Se las informa de sus opciones y de los cauces que ahora se abren, se avisa al abogado y al psicólogo y juntos acuden al juzgado. Aunque se han «humanizado», estos espacios siguen resultándoles fríos, «incómodos». Están invadidas por «la incertidumbre, por un sentimiento de culpa», y hablando con ellas «encuentran solas las respuestas que necesitan para seguir». Tras ello llega la orden de protección y ven que «hay otra forma de vivir y vale la pena».

Esa difícil misión de protección, requiere saber también cómo es él y «cómo se siente» para abordar el nivel de riesgo. Si acepta el final o no. El «odio empieza con la denuncia y se acrecienta con la orden» del juzgado. Además, «deben saber el daño que han causado», o luego entablan otras relaciones que «probablemente no serán sanas». Pero «deben saber que aunque hablemos con ellos, estamos con ellas», apunta.

En función del peligro que se estime se abordan distintas estrategias: contacto diario telefónico, acompañamiento con los niños al colegio, contravigilancia del agresor o seguimiento 24 horas si es necesario. «Todo lo que hagamos nos parece poco», confiesa el jefe de la UFAM de Valladolid reciente premiado con un Menina. El suyo, concluye, es «uno de esos trabajos en los que recibes mucho más de lo que das. no sólo en sus palabras sino en sus miradas, ese lenguaje sincero que no engaña».