PP y PSOE se culpan de las trabas para aprovechar todos los fondos europeos

Y más allá de lo planteado por Amilivia, cada uno con lo suyo. Así, mientras desde el Grupo Popular defendieron que la Junta y las entidades locales de la Comunidad «han hecho los deberes» tanto en la gestión de los fondos europeos Next Generation como en la planificación de medidas antifraude durante su ejecución, desde el Socialista acusaron al Gobierno autonómico de no interesarse por estos fondos «por envidia política» -hacia el Ejecutivo central- y ejecutarlos con «falta de transparencia».

María Ángeles Prieto (PP) defendió la actuación de las instituciones de Castilla y León en la ejecución de estos fondos, pese, dijo en declaraciones recogidas por Ical, a la «enorme dificultad» de no contar, durante el periodo fiscalizado (de enero de 2021 a mayo de 2022), con la ayuda de la plataforma estatal CoFFEE, destinada a dar servicio a los organismos europeos en la gestión y ejecución de los fondos Next Generation. Y es que, denunció, la falta de operatividad de este sistema impidió «el cumplimiento total» de la ejecución del dinero «en el periodo establecido». Pero, defendió, la Junta tomó «las medidas precisas» para ajustar recursos humanos y financieros al plan, así como la elaboración de un conjunto de medidas antifraude.

Todo ello pese a la «falta de transparencia en la gestión de las ayudas» de la que acusó al Gobierno de España, que además se «demoró para aplicar los controles» y tuvo «poca colaboración con las comunidades», a pesar de que «son fondos europeos, no de Pedro Sánchez».

Precisamente de «falta de transparencia» acusó a la Junta el procurador socialista Juan Luis Cepa por, afirmó, «no mostrar las vergüenzas de que sus presupuestos se han ampliado gracias a estos fondos» en materias como la teleasistencia, la adquisición de ordenadores o radioterapia. «Nos cuesta conseguir los datos y ahora vemos la razón», sentenció Cepa, quien sostuvo que a la Junta «nunca le ha interesado» la gestión de los fondos europeos «por envidia política», dado que «fueron conseguidos por el Gobierno de España».

Aún así, el socialista no quiso «excusar al Estado» en relación a la plataforma de ayuda y la tardanza en su puesta en marcha. Pero, apostillo, «no es excusa» para que, por ejemplo, la Consejería de Educación «no haya hecho nada» cuando otras como Familia «lo ha hecho bien». «La Junta no ha informado sobre la ejecución de los fondos, lo que impide su control», recriminó Cepa, quien agradeció que Amilivia haya «puesto por escrito» en su informe la «habitual» queja en este sentido de los socialistas.

También desde la oposición, UPL cuestionó las «carencias» del sistema de control, a la vez que criticó que «faltan recursos humanos». Asunto, este último, en el que Amilivia demandó mayor formación específica para los empleados encargados de la gestión.

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Desde el otro lado de la coalición en la Junta, Vox, Javier Teira valoró la importancia del «sistema de alerta temprana» que ha supuesto el informe del Consejo de Cuentas para «la prevención, la toma de decisiones y mejorar la rendición de cuentas ante los ciudadanos».

Amilivia, quien subrayó que «para no perder los fondos» se requería de una «gestión ágil» que conllevó «un aumento del trabajo y la gestión de las entidades afectadas», valoró la respuesta de las instituciones de Castilla y León al «sistema de alerta temprano» que supuso esta fiscalización, al producirse «progresos en las actuaciones» pese a la «inoperatividad» que, a su juicio, tuvo en los primeros meses el sistema estatal CoFFEE. Una situación que, aseguró, «ha afectado a la gestión» de los fondos puntualizó. A la vez también incidió en señalar la ausencia de un «instrumento único de planificación estratégica» en Castilla y León -al igual que otras autonomías- pese a la elaboración de un documento de iniciativas y de la propuesta de realizar una biblioteca de proyectos.