Luz verde a las nuevas residencias, «adaptadas» a los tiempos y con control de calidad

Se trata de una transformación desde la atención «asistencialista» tradicional a la que pone a la «persona en el centro», ha insistido Blanco, que ha definido la nueva normativa como «avanzada y pionera». Será el marco regulador de las más de 72.000 plazas existentes en la Comunidad en los centros de titularidad pública -de la Junta, ayuntamientos o diputaciones-, pero también en los de carácter privado.

Todos ellos deberán configurarse en torno a unidades de convivencia -las que ya existen dispondrán de un límite temporal- que tendrán un máximo de 16 plazas, con el objetivo de que las residencias pasen a convertirse «en hogares» para facilitar la «socialización» de los residentes y para que «puedan vivir en los centros como si lo hicieran en su propia casa». Las habitaciones, ha detallado, solo serán compartidas si así lo desea el usuario.

Noticia Relacionada

Mil inspecciones a residencias antes de los 'exámenes' anuales de la nueva ley

Miriam Antolín

La Junta de Castilla y León decretó el año pasado tres cierres y 42 sanciones, de las que cuatro son de carácter «muy grave» y otras 35 «graves»

Como novedad, las instalaciones tendrán que someterse a un 'examen' de calidad «periódico» -previsiblemente anual-. Un análisis que revisará los servicios y que tendrá en cuenta también la opinión de los usuarios en lo relativo, por ejemplo, al respeto de sus derechos y «del bienestar emocional». «Los resultados serán públicos», ha explicado Blanco, y para la concertación de las plazas se «exigirá» una nota mínima.

Tiene, además, un «fuerte componente ético», ha manifestado la consejera, y de «respeto a la dignidad de la persona». De ahí, ha dicho, que se obligue a las residencias a que cada usuario cuente con un «profesional de referencia» y a que se respete su «proyecto de vida», donde los usuarios elegirán «qué cuidados quieren y cómo quieren que se presten».

Y es que la nueva ley, que tuvo el rechazo del PSOE, Podemos y el procurador Francisco Igea, impulsará en la Comunidad «una nueva forma de entender los cuidados» avalado por la «evidencia científica», las Naciones Unidas y la UE que «beneficia» tanto a los que allí residan como a los trabajadores, manifestó.

Serán también nuevos «protagonistas» los familiares, ha apuntado la consejera. Formarán parte del Consejo del centro, tendrán que dar el visto bueno a los cambios sustanciales y las residencias estarán «obligadas» a mantener y fortalecer los «lazos» con sus allegados.

Noticia Relacionada

Las residencias de mayores deberán pasar un examen de calidad todos los años

Míriam Antolín

El proyecto de ley aprobado este jueves por la Junta extiende las unidades de convivencia a todos los centros

Además, todos los centros serán «multiservicios» para ofrecer prestaciones a los vecinos del entorno y deberán estar preparados para hacer frente a «posibles contingencias» derivadas de situaciones extraordinarias como una pandemia. Así, deberán tener medidas de protección suficientes, formar a sus profesionales y establecer un sistema de comunicación con el ámbito sanitario para una respuesta ágil. Por último, el texto limita las sujeciones que serán «siempre excepcionales y temporales» y con consentimiento «obligado» de las familias.

Después del paso por las comisiones, donde algunas de las enmiendas de la oposición fueron aceptadas, más de un centenar han sido rechazadas en el pleno. Para el Grupo Socialista, el texto se limita a una «declaración de intenciones» con «todo abierto y sin plazos». Por ello, la bancada del PSOE votó no a una ley que, según dijeron, no establece «ratio de profesionales».

Desde UPL y Soria ¡Ya!, las procuradoras Alicia Gallego y Vanessa García han considerado que el cambio solo «da un paso más» y «no avanza lo suficiente», mientras que, en representación del Grupo Mixto, Francisco Igea ha afeado a la Junta que no haya ido más allá de lo que ya ha establecido el Consejo Interterritorial para toda España