Liberadas 45 víctimas de explotación laboral en la vendimia en Soria

La explotación de la denominada operación 'Machatasha' de la Guardia Civil se saldó con seis detenciones el pasado 27 de septiembre, dos meses después de que se tuviera conocimiento de que en las localidades de la Ribera del Duero soriana personas extranjeras estarían realizando labores agrícolas «sin las preceptivas formalidades legales», han explicado este miércoles en rueda de prensa el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, y el teniente coronel Sergio Peñarroya.

Las primera indagaciones permitieron corroborar la denuncia a través de los propios trabajadores, que confirmaron que era «cierto» y que trabajaban para tratar de saldar una «deuda» que desde el entramado se les obligaba a saldar.

Entre las víctimas destacan dos perfiles en cuanto a su origen. Por un lado, ciudadanos comunitarios de otros territorio de al Unión Europea en situación de vulnerabilidad -la mayoría búlgaros-; y por otro procedentes de África -de países del Magreb-. Estos últimos que carecían de cualquier tipo de autorización para trabajar en España, y los primeros, que podrían haber trabajado en las mismas condiciones que los nacionales no eran dados de dados de alta por el empresario y eran obligados a aceptar las condiciones dictadas por la organización.

«Las coacciones se mantenían en el tiempo generando miedo en las víctimas», apuntan desde la Guardia Civil en un comunicado en el que explican que esa deuda que se les imponía por su alojamiento, manutención, supuestos trámites burocráticos, traslados desde sus países de origen o «en general cualquier excusa« no era posible subsanarla con sus salarios.

En ninguno de los casos que se han investigado los sueldos de estas 45 víctimas llegaban al salario mínimo legal por sus labores agrícolas. La organización se quedaba en concepto de comisión con la mitad y al menos otro cuarto se quedaba en los gastos, que «generalmente» acababan «superando la cantidad a percibir». Coaccionados y bajo amenaza sobre la integridad de sus familias en sus lugares de origen, trabajan para tratar de saldar la deuda.

La operación fue conocida y coordinada por la Fiscalía de la Audiencia Provincial y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de El Burgo de Osma (Soria) que además de a los detenidos delitos contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros mantiene bajo investigación a otras cuatro personas supuestamente implicadas en el entramado.