Junta de Castilla y León y Gobierno no se 'encuentran'

Y es que cuando está a punto de cumplirse un año de que echase a andar la formación del Ejecutivo de coalición de Partido Popular y Vox en Castilla y León –mientras en La Moncloa el delicado acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos mantiene a Pedro Sánchez en el poder–, el rosario de choques es largo. Ya nada más firmarse el pacto entre los populares y Vox en la Comunidad, Sánchez lanzaba su advertencia: «El PP pagará caro abrir la puerta del Gobierno a la ultraderecha».

Pues, cual conjuro, el choque ha sido lo que ha marcado el transcurrir del tiempo. En cuanto un fuego se apaga, otro toma el relevo. Y de materias de lo más diversas. La última con la que ha prendido la chispa, precisamente, la lucha contra los incendios. Al calor de las llamas que en esta cálida primavera han consumido ya miles hectáreas en Castellón, Teruel o Asturias, al Ejecutivo de la Nación se le ha encendido el recuerdo y vuelto la mirada, y el dedo acusador, a Castilla y León. Difícil de olvidar el aciago verano de 2022, cuando cerca de 90.000 hectáreas ardieron en la Comunidad a la vez que en el conjunto de España en un estío abrasador quedaban reducidas a cenizas más de 310.000. Fue la región en la que los fuegos hicieron más estragos y ya entonces la lucha contra el fuego avivó la polémica.

Con las llamas desatadas, la primera reunión bilateral que sentaba al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con Sánchez, a finales de julio, parecía que servía para sofocar el enfrentamiento. El jefe del Ejecutivo central asumía la reclamación del dirigente castellano y leonés de sacar el asunto del duelo político. Y amainó. Pero no sé apagó. El fuego quedó latente y, en puertas del nuevo verano, desde La Moncloa han desempolvado la crítica.

«No puede volver a pasar» lo de hace casi doce meses atrás. La frase casi a coro que ha resonado tierra adentro de Castilla y León y fuera de las fronteras, entonada en las últimas semanas por Sánchez y varios de sus ministros, con réplicas en los cargos socialistas de la Comunidad. El presidente recuperó el asunto en el Congreso de los Diputados, durante el debate de la fracasada moción de censura con Ramón Tamames como candidato, donde aludió a la «ausencia de medios» y la «desprotección» del Ejecutivo de PP y Vox en Castilla y León en su política contra incendios forestales del pasado año. Y a partir de ahí, los ecos.

En Ávila, en un acto del PSOE, alzó la voz de la responsable de Defensa, Margarita Robles, acusando de falta de «ayuda y prevención» por parte de la Junta, además de recriminar a Mañueco su «soberbia» y «arrogancia». No ha sido la única en este tiempo que, siguiendo el argumentario de La Moncloa y Ferraz ha prendido la mecha de las críticas por esta cuestión. Incluso a kilómetros de distancia, la vicepresidenta Teresa Ribera, al frente de la cartera de Transición Ecológica, dirigía su mirada a Castilla y León, reprochando que fuera uno de los territorios «que menores dotaciones ha destinado a servicios de prevención, protección y extinción de incendios».

Los incendios no han sido el único choque Gobierno-Junta, que se han visto las caras con hasta dos requerimientos por parte del Ejecutivo contra la Comunidad. El paso previo a citarse en los tribunales, en los que no han llegado a sentarse. El primero, a cuenta de las medidas para embarazadas presentadas con el calificativo de «provida» por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), y que desde La Moncloa se entendieron en contra del aborto. Tras unos días de revuelo, un domingo a última hora de la tarde, el Ejecutivo de Sánchez pasaba de las palabras a los hechos y anunciaba un requerimiento, que dos días después –17 de enero– ratificaba en Consejo de Ministros.

La Junta «no ha aprobado acuerdo alguno que limite los derechos de la mujeres ni de los profesionales sanitarios», respondía Mañueco, acusando a la vez al Ejecutivo central de «tratar de esconder su incompetencia con la aprobación de la Ley del 'sólo sí es sí'». En poco más de una semana, la 'paz', o más bien, tregua, tras dar desde Madrid por acatado el requerimiento tras la respuesta oficial.

No había casi terminado de archivarse ese expediente, cuando llegaba otro duelo. Febrero descolgaba la hoja del calendario con la advertencia de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de citar a la Junta en los tribunales por el Serla. Acudía a la llamada de 'auxilio' de sindicatos y patronal. Hubo intercambio de llamadas con Mañueco que no cuajaron, y el 13 de marzo, Twitter amanecía con el anuncio de Díaz del requerimiento para «reponer» el Servicio de Relaciones Laborales, cuyo futuro –con una aportación económica a la baja– ha desatado la caja de los truenos de las relaciones del consejero de Empleo, Mariano Veganzones, con UGT, CCOO y CEOE Castilla y León. «Vuelve a sobreactuar», respondía el jefe del Ejecutivo regional, acusando al Gobierno de «atacar» a la Comunidad, a la vez que Veganzones vía «electoralismo» en el paso dado por la ministra. «Inadmitir de plano» ese requerimiento, la respuesta oficial enviada al Ministerio hace sólo unos días.

Y, mientras, suena de fondo el traqueteo de la polémica por el fallido contrato de trenes de ancho métrico en el norte. La Junta –a través de varias cartas y de viva voz– pide igualdad de trato para la Comunidad tras tratar el Gobierno de apaciguar los ánimos en Cantabria y Asturias con la gratuidad del servicio. La flota afectada no iba destinada a Castilla y León, la respuesta desde el Ministerio en otro choque entre administraciones, que en este tiempo han tirado de fondo de armario de reproches para el ataque.

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«Un retroceso y una amenaza para los derechos de las personas«, el proyectil enviado desde La Moncloa hacia el Ejecutivo de Mañueco, que, por su parte, ha armado su munición con cuestionadas decisiones gubernamentales como la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales gracias a la ley del 'sólo sí es sí', la reforma del delito de malversación o el acercamiento de todos los presos de ETA al País Vasco.