La Junta ve en el requerimiento judicial por el Serla «otro ataque» del Gobierno

Pero con ese entuerto todavía humeando, desde el Gobierno central han encontrado otro resquicio con el que «atacar» a la Junta, ha recriminado este lunes su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, tras conocer la intención anunciada por Twitter por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de presentar un requerimiento contra Castilla y León por el Servicio de Relaciones Laborales (Serla).

El paso no pilla de nuevas, pues la propia Yolanda Díaz abrió esa puerta el pasado 31 de enero, cuando acudió a la llamada de 'auxilio' lanzada por los sindicatos UGT y CCOO ante la pretensión de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, en manos del ala Vox de la Junta, de liquidar el Serla, y abrió la puerta a los tribunales. Que no haya sido una sorpresa no evita el enfado en la Junta. «El Gobierno vuelve a sobreactuar», ha denunciado también Fernández Mañueco, quien ha dicho no entender tampoco esta nueva maniobra del Gobierno, pues «de palabra» ha garantizado el Ejecutivo de Sánchez que las competencias de los conflictos laborales «están garantizadas».

«Ataca» a la región «sobreactuando» y «utilizando derechos reconocidos por parte de todos en el ámbito del diálogo social», ha recriminado el barón popular a las puertas de Génova, donde además de defender que Castilla y León está entre las autonomías con «menor tasa» de paro del país, ha mandado un recado a la ministra: «Más le valdría a Yolanda Díaz encontrar los fijos discontinuos que han salido de las cifras de las estadísticas del INEM».

Más duro en la crítica el directamente aludido, el consejero de Industria. Mariano Veganzones ha acusado al Ejecutivo de la Nación de «interferir una vez más» en el ejercicio de las competencias del Gobierno de Castilla y León y hacerlo «con amenazas judiciales», de las que ha augurado «volverán a archivarse, sin ninguna duda».

Ha insistido en su argumento en que desde su departamento «no se ha puesto nunca en duda» el servicio de resolución de conflictos, pero, ha apostillado, «sin que ello suponga subvencionar chiringuitos sindicales». Veganzones ha acusado a la ministra de hacer «electoralismo barato» con este asunto a la vez que invitó a Díaz a visitar la Comunidad «para aprender a gestionar el empleo y no a castigar a una región que trabaja y progresa, una región leal con España».

A las 07.46 horas exactamente se hizo efectivo el envío del requerimiento «por la vía habitual» entre administraciones, ha detallado después la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones. «Para este Gobierno, garantizar el diálogo social es una prioridad y lo vamos a defender con todos los medios a nuestro alcance, ha recalcado Barcones, quien ha especificado que este documento es el paso «previo» a la vía judicial y confío en que «la Junta rectifique su postura y dé una pronta resolución a este conflicto innecesario».

«Garantizar el diálogo social es ensanchar la democracia y lo defenderemos con todos los medios a nuestro alcance», había señalado previamente la ministra en su tuit avanzando el requerimiento, en el que, según recoge Ep, se insta al Ejecutivo castellano y leonés «a que adopte los acuerdos administrativos oportunos, incluidos los de carácter financiero o habilitación del crédito presupuestario correspondiente, para garantizar la continuidad de los sistemas de solución de conflictos laborales que realiza la Fundación Serla».

Desde los sindicatos UGT y CCOO, especialmente beligerantes con este asunto, en enero movieron ficha y se dirigieron al Gobierno, así que han aprovechado el movimiento del Ministerio para pedir al presidente de la Junta que «recobre la sensatez» y actúe «dentro de la legalidad». «Y, en consecuencia, dé la espalda definitivamente a la ultraderecha y gobierne en minoría», han añadido en un comunicado conjunto, en el que también han avanzado que solicitarán a Mañueco una reunión «inmediata» del Consejo del Diálogo Social.

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Del lado del Gobierno central también se ha mostrado el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, quien ha insistido en señalar a Mañueco como «cómplice» de la «extrema derecha» en «las pretensiones ilegales» de disolver el Serla, informa M. Gajate.