La Junta de Castilla y León rechaza el requerimiento del Gobierno sobre el Serla

En la respuesta a este requerimiento, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, dirigida por Mariano Veganzones, argumentó que «no existe obligatoriedad de financiación del Serla», dado que el Acuerdo suscrito entre la Junta de Castilla y León y los firmantes del III Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos Laborales en Castilla y León «perdió su vigencia el día 2 de octubre de 2020».

Además, recuerda que este acuerdo «fue denunciado en la legislatura pasada por parte de la entonces Consejería de Industria y Empleo y que no se alcanzó un acuerdo de financiación con los sindicatos y la patronal, razón por la cual no se incluyó en la Ley de Presupuestos Generales de Castilla y León para 2023 ninguna consignación presupuestaria para su financiación».

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Asimismo, prosigue la respuesta de la Junta, «siendo la Ley de Presupuestos la que fijó la financiación de la Fundación Serla, no cabe un requerimiento previo a la vía judicial por parte del Ministerio, puesto que correspondería manifestarse al Tribunal Constitucional».

Además, en la contestación remitida por la Junta se indica que el recurso se ha presentado fuera de plazo por parte del Ministerio, puesto que la ley estipula que los requerimientos «deben producirse en un plazo de dos meses desde que se hubiera conocido la inactividad».

La eliminación de aportación a la Fundación Serla fue aprobada por las Cortes de Castilla y León el pasado 29 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el 31 de diciembre.