El Gobierno da por acatado el requerimiento a Castilla y León pero advierte a Mañueco con acciones legales

A través de un comunicado, el Gobierno manifiesta que asume este planteamiento como una rectificación por parte d ela Junta de Castilla y León. «Este escrito de acatamiento formal ante los requerimientos efectuados por el Gobierno de España supone una rectificación oficial de la intención inicialmente manifestada por el gobierno de Castilla y León de proceder según lo anunciado el pasado 12 de enero y reiterado en días posteriores», reza el comunicado.

Este jueves el Ejecutivo autonómico trasladó que «inadmitía» el requerimiento por entender que no había un hecho que corregir. A lo que el Gobierno contestaba que un requerimiento del Gobierno central «no se inadmite, un requerimiento se contesta». Desde La Moncloa recordaban que la LOTC «prevé la actuación jurídica conocida como la vía de hecho, que permite requerir el cese de un anuncio normativo si vulnera la ley o las competencias». Con el escrito que el Gobierno anuncia este viernes que recibió después por parte de la Junta de Castilla y León se cerraría esta parte administrativa.

Pero el choque político está lejos de cerrarse. El Gobierno da cuenta en su comunicado en que en el día de ayer el portavoz del ejecutivo autonómico «expresó ante los medios que las nuevas medidas de atención a embarazadas anunciadas en la rueda de prensa de 12 de enero — ofrecer a las mujeres escuchar el latido fetal en las primeras semanas y hacerse una ecografía 4D— seguían adelante».

El Gobierno recuerda que la nota de prensa que aún está publicada en la web oficial de la Junta tras el consejo de gobierno del 12 de enero «sigue vigente», según palabras del propio portavoz autonómico. La Moncloa entiende que el gobierno autonómico de Castilla y León «mantiene su intención de ir más allá de lo que establece la ley orgánica de 2010, en evidente contradicción con el contenido de la documentación oficial remitida». Y advierten de que se estaría vulnerando en ese caso la legislación vigente en materia de interrupción voluntaria del embarazo, una circunstancia que «en modo alguno el Gobierno de España va a tolerar ni consentir».

El siguiente paso que dará el Gobierno es el envío de una carta por parte del ministro de Presidencia al Consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León «en la que se le recordará nuevamente que resulta contrario a la legalidad vigente y a nuestro orden constitucional de distribución de competencias que una comunidad autónoma adopte cualquier medida encaminada a obligar, indicar, ofrecer, recomendar o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término».

Además se añadirá una advertencia al Gobierno regional de PP y Vox en el que se apuntará que si, pese al acatamiento formal realizado, se materializa «por cualquier vía» su intención de actuar al margen del actual marco normativo el Gobierno de España «se reserva la posibilidad de emprender cuantas acciones legales resulten oportunas».