La Junta de Castilla y León avanza en su recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía

«El presidente de la Junta se comprometió a recurrir de inconstitucionalidad esta ley, y ya en noviembre de 2023 encomendó a la Consejería de la Presidencia que fuera preparando el expediente y en ello estamos», ha señalado Gago. En declaraciones recogidas por Ical ha explicado que este mismo martes analizarán el texto que ha salido publicado en el BOE tras las modificaciones y enmiendas existentes, y será cuando cuenten con el informe pertinente de los servicios jurídicos cuando envíen el recurso al Consejo Consultivo de Castilla y León, «un trámite preceptivo antes de proceder a la interposición de ese recurso».

Inquirido sobre los plazos de tiempo que manejan, Gago ha apuntado que dependerá de lo que tarden en ejecutar esos pasos previos los órganos asesores. «En la medida en que sean ágiles y rápidos, la Junta interpondrá inmediatamente ese recurso», ha avanzado. A su juicio, «hay suficientes argumentos como para entender que esta ley orgánica es inconstitucional, porque vulnera el principio de igualdad y el estado de derecho con una figura que no está prevista en nuestra Constitución: la amnistía», que no se contempla en la constitución de 1989 como sí sucedió en otras constituciones históricas.

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Según ha detallado, a partir de la publicación de la norma en el BOE, que se ha producido este martes, se abre un plazo de tres meses para la interposición de posibles recursos en plazo. «Una vez que culminemos los necesarios y preceptivos informes internos en la Junta acudiremos al Tribunal Constitucional para que paralice esta ley orgánica que consideramos que es una aberración jurídica, desde el punto de vista técnico, para la defensa y el respeto a la Constitución», ha argumentado.

Sobre la posibilidad de presentar ese recurso de forma conjunta con otras autonomías, el consejero ha subrayado que «la legitimación es individual» y ha explicado que «cada autonomía podrá plantear este recurso de inconstitucionalidad o no, según su derecho de autogobierno», por lo cual «no habrá una coordinación». «Habrá escritos de interposición individuales por todas aquellas comunidades que consideren que es una ley que vulnera nuestra Constitución», ha repetido.