Caso Eólicas: Un testigo dice que Delgado daba órdenes para excluir a promotores que no daban entrada a socios locales

Reiniciada la causa por la 'trama eólica' en la Audiencia de Valladolid, tras dos jornadas anteriores centradas exclusivamente en la fase de cuestiones previas, el exresponsable del EREN entre 2005 y 2019, cargo que compatibilizó éste desde 2007 con el de director también de Energía y Minas hasta su jubilación, ha sido interrogado por el Fiscal Anticorrupción Tomás Herranz sobre la dinámica que se instauró para lograr que las grandes eléctricas se vieran obligadas a dar participación en su accionariado a empresarios locales para que sus proyectos no fueran aparcados en un cajón.

Fue a partir del año 2004 cuando se dictó la instrucción para la avocación por parte de la Consejería de Economía la facultad para conceder las autorizaciones en el sector eólico, algo que tanto Ricardo González Mantero como José García Marqués, exdirector del Servicio de Energía que ha abierto la fase de testificales, han calificado de «innecesario» ya que en virtud de un decreto de 1987 de esa tarea se hacían cargo desde entonces los jefes de servicio territoriales de Industria.

«Desconozco por qué se dio esa instrucción, yo ni tuve participación ni se me consultó», se ha desmarcado González Mantero, quien ha recordado que fue a raíz de la enfermedad del anterior director de Energía y Minas, el ya fallecido Manuel Ordóñez, cuando el principal inculpado en la causa, Rafael Delgado, aprovechó su baja entre enero y abril de 2005 para compatibilizar el puesto de viceconsejero de Economía con las funciones que ejercía el anterior y centrarse en el sector eólico.

«Me citaba en Valladolid a menudo, estaba muy interesado en el avance de la energía eólica, sabía que yo tenía unos listados con promotores de parques eólicos y me preguntaba por cómo iba la tramitación», ha recordado González Mantero, quien ha añadido que Delgado siguió concentrado en el sector incluso a partir de que dejara el cargo de viceconsejero y pasara a ocupar en 2007 el de secretario, labor que tan solo pudo mantener hasta que en 2009 la entonces viceconsejera, Begoña Hernández, y el consejero de Economía, el también fallecido Tomás Villanueva, empezaran a «desconfiar de lo que estaba ocurriendo» y la primera de ambos decidió asumir el control.

El testigo, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha sido categórico al asegurar que Delgado era quien establecía el filtro, aun contraviniendo el procedimiento. «Cuando Delgado no estaba contento porque había algún promotor que ponía pegas a la entrada de socios locales, nos daba la orden para retirar ese parque del listado. Nosotros le decíamos que no era posible porque esos parques ya habían superado la fase de competencias y estábamos ante actos reglados y debidos. Él justificaba la exclusión en que había una competencia por evacuación y es cierto que había más potencia que la solicitada, pero esa no era una fase del procedimiento administrativo», ha advertido González Mantero.

A preguntas del Fiscal Anticorrupción, el testigo ha ido recordado también cómo el listado de promotores de parques que él elaboraba personalmente, con los colores de un semáforo según el estado de los proyectos, comenzó a modificarse por indicación de Delgado con la incorporación de distintas columnas, de forma que si hasta el 10 de junio de 2003 la Dirección General de Energía y Minas no contemplaba la incorporación de socios locales como requisito, a partir de esas órdenes dictadas por el acusado los nombres de empresarios locales comenzaron a incorporarse desde enero de 2005.

«Hasta entonces la estructura de las listas era solo para saber el nombre de los promotores y qué potencia se podía meter en cada nudo para no rebasar la autorizada por Red Eléctrica», ha explicado González Mantero, quien, a modo de ejemplo de las supuestas presiones para dar entrada a socios locales en el negocio eólico, ha recordado una reunión celebrada en marzo de 2005 con responsables de Iberdrola en la que intervino el viceconsejero de Economía y en cuyo transcurso se puso de manifiesto el inicial rechazo de la eléctrica.

«Fue una reunión muy curiosa, los responsables de Iberdrola se enfadaron mucho cuando el viceconsejero les entregó un documento en el que figuraban socios locales. En un momento dado Delgado se levantó de la reunión y me dejó a solas con ellos y al poco rato los de Iberdrola me dijeron que se avenían a todo lo que se les había pedido», ha declarado González Mantero, quien también ha hecho referencia a otro encuentro al que fueron citados todos los jefes de los servicios territoriales de Industria en el que se entregó a éstos un listado definitivo, con inclusión de socios locales, que recogía los parques eólicos que había que tramitar.

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El propio testigo ha reconocido que alguno de los proyectos de llegó a retrasar por espacio de tres años. «Es un ejemplo claro de retrasar la avocación hasta que se ha accedido al deseo de la venta del parque, cuando lo normal es que se hubiera avocado tras la declaración de impacto ambiental», ha reconocido González Mantero, informa Ep.

La jornada la ha abierto el que fuera jefe del Servicio de Energía en el EREN a lo largo de dieciséis años, José García Marqués -está jubilado desde hace diecisiete años-, si bien, a diferencia del anterior, el testigo apenas ha 'dado mucho juego' por cuanto ha hecho gala de una amnesia que en algunas fases ha motivado el enfado del acusador público.

Así, aunque tampoco entiende la puesta en marcha en 2004 de la figura de la avocación, instrumento que permitía a la Consejería de Economía hacerse con el control de las autorizaciones, asumiendo la función de los jefes de los servicios territoriales de Industria, el testigo ha asegurado no recordar nada de la reunión del 30 de marzo de 2005 en la que se citó a dichos representantes de la Junta para entregarles el listado de los parques que había que priorizar ni tampoco de otra celebrada en Soria el 29 de mayo de 2003 en la que se seleccionó el parque La Ventosa del Ducado y se excluyó por completo el promovido por Altos del Rasero.

«Entiendo que no hay motivo para ello, no me lo explico, salvo que haya un error en la redacción», es lo único que ha llegado a indicar para, acto seguido, calificar de «inadmisible» que ese olvido del proyecto de Altos del Rasero obedeciera a una instrucción superior ya que, como así ha concluido, jamás mantuvo contacto personal ni por motivos de trabajo con Rafael Delgado.

El juicio sienta en el banquillo a un total de trece ensausados para quienes el Fiscal Anticorrupción solicita penas que se elevan a 123,5 años de cárcel y 850 millones de euros de multas. La mayor de las penas, 42 años y multa de 239 millones de euros, es para Rafael Delgado, como presunto cabecilla de la trama al dictado de las indicaciones del entonces consejero del ramo ya fallecido, Tomás Villanueva. Le siguen los empresarios Alberto Esgueva y Germán José Martín Giraldo, ambos con 12 años y 68 y 14,5 millones de multa, respectivamente; el abogado y presunto testaferro de Delgado, Jesús Rodríguez Recio, con diez años y medio y más de 25 millones de multa; y César Hernández, con siete años y 1.888.000 euros.