La crispación entre PP y PSOE hace inviable renovar las instituciones propias
El Procurador del Común y los presidentes del CES, Consejo Consultivo y de Cuentas han agotado el mandato
PP y PSOE acuerdan en Segovia reducir la «tensión» en el debate político
Cabero, Sánchez de Vega, Quintana y Amilivia, durante un encuentro celebrado en la capital abulense
Aunque muy lejos aún de los cinco años en funciones que llevan los vocales del Consejo General del Poder Judicial, Castilla y León también amaga con subirse a una senda de bloqueo, en este caso en sus cuatro instituciones propias, cuya principal función es el ... control de las administraciones públicas: Procurador del Común, Consejo Económico y Social, Consejo de Cuentas y Consejo Consultivo.
La renovación o confirmación de sus presidentes requiere de una mayoría cualificada de tres quintas partes (50 procuradores de 81) en el pleno de las Cortes autonómicas, lo que obliga a llegar a acuerdos entre las formaciones mayoritarias, PP y PSOE, para repartirse los nombres, como así ha sido siempre. En todos los casos, se debe producir cada cuatro años, de forma que es el Procurador del Común, Tomás Quintana López, que asumió el cargo en octubre de 2018, el que más tiempo lleva en funciones. Los responsables del Consultivo y el Consejo de Cuentas están a punto de cumplir un año de interinidad, mientras que el del CES tomó posesión en noviembre de 2019.
El pasado año transcurrió en blanco, con sólo un mínimo contacto, el que llevó a cabo, justamente por estas fechas, el portavoz popular, Raúl de la Hoz, que citó a los portavoces de los grupos. Esa vez todos estuvieron de acuerdo en lo esencial, la necesidad de llevar a cabo esa renovación y en que para ello se buscaría el máximo consenso. Pero las buenas intenciones quedaron sólo en eso porque nada más se supo ni volvió a haber contacto alguno en todo el año.
Ahora, cuando está a punto de arrancar el segundo periodo de sesiones, los grupos parlamentarios están a la espera de que el PP mueva ficha, como mayoritario que es. Para conseguir los votos necesarios caben varios escenarios: PP (31 procuradores) y Vox (13) (como socios de Gobierno) con el PSOE (28) e, incluso, populares y socialistas, sin Vox. Otra opción pasaría por PP y Vox con UPL-Soria ¡Ya! (6).
Hasta ahora, socialistas y populares han pactado este asunto de comunidad, pero ese obligado consenso se da de bruces con la nula interlocución que mantienen actualmente. Si la entrada de Vox en la Junta elevó el nivel de crispación, la ley de amnistía y las cesiones de Pedro Sánchez a los separatistas han colocado a ambas formaciones en unas posiciones que, a día de hoy, hace muy difícil que se puedan sentar y poner nombres sobre la mesa que presidan las cuatro instituciones propias, bien para confirmar o para relevar.
Aún así, todos los grupos parlamentarios han mostrado a ABC buenas palabras y su «voluntad política» de afrontar un asunto que reconocen «urgente». Sin embargo, no ocultan que es muy complicado. El propio Raúl de la Hoz asegura que «próximamente» habrá movimientos, aunque prefiere no ahondar más en el tema. De hecho, no oculta las dificultades actuales para sentarse con los socialistas, ya que hace tiempo que el diálogo con su portavoz, Luis Tudanca, brilla por su ausencia.
En las filas del PSOE intentan trasladar sus mejores intenciones. Su viceportavoz, Patricia Gómez, apuesta por «un absoluto consenso», a la espera de que su formación sea convocada para negociar. Sin embargo, parte con un planteamiento poco amistoso: «El PP tiene un problema; está arrodillado ante Vox, un partido que no cree en las instituciones». Para Gómez, sólo los populares son culpables de que no se avance porque «se deben a su socio» y por eso «no quieren o no pueden» abordar la negociación. Pese a todo, insiste en que «hay que ponerse de acuerdo y nosotros tenemos absoluta voluntad; ni hemos torpedeado ni puesto pegas».
Precisamente, en el grupo aludido, Vox, su portavoz, Carlos Menéndez, mantiene la postura de dejar hacer, al señalar que «no vamos a entorpecer pero es algo que depende de los grupos mayoritarios, PP y PSOE». Bajo esa máxima pone sobre la mesa varias premisas: que los candidatos a presidir las instituciones propias tengan una «independencia» acreditada, y que haya una reducción del «gasto superfluo». Además, advierte al PSOE de que «no intente presentar candidatos de su cuerda». «No vamos a entorpecer, pero si lo hace, no votaremos a favor», sentenció Menéndez, quien recordó que «no sería la primera vez que bloquean las instituciones por intereses partidistas, así que estaremos vigilantes».
La opción de los locales
En el cuarto grupo de la Cámara autonómica, UPL-Soria ¡Ya!, sus responsables, el leonesista Luis Mariano Santos y el soriano Ángel Ceña coinciden en que «aunque va a ser muy difícil, estamos obligados a sentarnos», apuntó el primero, quien lamenta la «soledad» de los populares que «han roto todos los puentes para negociar». Otro factor que, a su juicio, complica la renovación es que «hay desconfianza entre PP y Vox para elegir a las personas». De forma parecida se expresa Ángel Ceña que intuye que los socios de Gobierno «no están de acuerdo en los nombres». En cualquier caso avanza que «si se opta por la continuidad votaremos a favor». En el Grupo Mixto, Francisco Igea ya avanzó hace un año (no llegó a ser convocado) que no apoyará a un candidato que haya ostentado cargos en un partido político.
Con este escenario, todo apunta a que la renovación va para largo. No sería la primera vez que se se supera el plazo de los mandatos, ya que el último proceso, donde PP y PSOE se pusieron de acuerdo (en 2019, bajo la Presidencia de Juan Vicente Herrera), tuvo su momento de bloqueo por el veto de los socialistas al candidato de los populares al Consultivo.