Las Cortes de Castilla y León reiteran su 'no' a la amnistía y piden «un trato igualitario» al Gobierno

El portavoz de Vox, Carlos Menéndez, inició su exposición refiriéndose a la «consumación de un golpe de Estado» que, a su juicio, supone la amnistía. Ante la posibilidad, casi certeza, de que la citada ley acabe en el Tribunal Constitucional, Menéndez reclamó que «los magistrados no intervengan», ya que alguno tienen «una íntima relación» con el PSOE. Y citó a Juan Carlos Campo, Laura Díez o el propio presidente del alto tribunal, Cándido Conde-Pundido.

No fue la única crítica a los jueces durante el debate. También la hizo el procurador de Podemos, Pablo Fernández, que llegó a asegurar que «buena parte de los jueces son operadores políticos», «tienen un claro sesgo conservador» y «hacen más política que ustedes» (por los procuradores)». De hecho, arremetió especialmente contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, al que se refirió como «sujeto».

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La viceportavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez, también entró en la cuestión y habló del intento del PP por «controlar el CGPJ», mientras que defendió que con el PSOE en la oposición no había problemas para su renovación, pero sí cuando está en el Gobierno. La procuradora del PSOE, que en ningún momento habló de amnistía, defendió la legitimidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y recomendó a los de Vox que «lean la Constitución y la interioricen», al tiempo que les advirtió de que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, «en estas fechas tiene el detalle de mandar a sus socios como aguinaldo el finiquito». Se refería así a la ruptura del pacto PP-CS un 21 de diciembre de 2021, un argumento en el que los socialistas han insistido una y otra vez durante el pleno.

Desde el PP, Rosa Esteban lamentó que «nunca en democracia se ha atacado, perseguido y manoseado tanto al Poder Judicial como sucede con el gobierno de Sánchez», por lo que apeló a demostrar «el compromiso con la independencia judicial». «No sólo ha aceptado la amnistía, sino que se ha arrodillado ante un prófugo y se ha vendido por un puñado de votos para mantenerse en la poltrona», concluyó.

Francisco Igea tachó la amnistía de «bastarda» y vio una «infamia» comparar la de 1977 «con la de ahora», como, puntualizó, tampoco se puede asumir la justificación de los socialistas porque «no hay reencuentro alguno». Desde la UPL-Soria ¡Ya!, que votaron a favor de la iniciativa, lamentaron que en el Parlamento autonómico se traten asuntos «que no son de competencia autonómica y que nos hacen perder un tiempo valioso para debatir otros temas».

El grupo Popular consiguió sacar adelante, y sin oposición ya que el PSOE se abstuvo, la proposición no de ley para pedir al Gobierno un «trato igualitario» de Castilla y León con respecto a otras comunidades y exigir la ejecución de los proyectos y compromisos pendientes. La iniciativa dio pie a un intenso debate entre el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, y el procurador socialista Ángel Hernández, quien se empleó en defender las inversiones del Gobierno de Sánchez en la Comunidad lo que, para el popular, es «reírse de los castellano y leoneses». De la Hoz incidió en «la traición» de los socialistas «a sus valores y principios» para convertirse en «un partido impostado y sobre todo entregado». Aprovechó para cargar contra su líder, Luis Tudanca, por haber «tragado con todo».