Treviño vuelve a la carga con sus pretensiones secesionistas

En el pleno extraordinario participaron todos los ediles de las seis formaciones políticas que componen el Ayuntamiento de Treviño a excepción del edil del Partido Nacionalista Vasco y la edil del PP Inmaculada Ranedo. En el orden del día se aprobaron cuatro puntos que se resumen en uno: la intención de Treviño de contar con el visto bueno de las instituciones vascas para que éstas eleven al Congreso de los Diputados la tramitación de una proposición de ley que ampare el cambio administrativo de la localidad, contrario a lo que establece el Estatuto de Castilla y León.

El acuerdo salió adelante con los votos a favor de los ediles de Ciudadanos del Condado, la Agrupación Independiente de Condado de Treviño, EH Bildu y la abstención de la edil del Partido Popular.

El alcalde de la localidad, Ernesto Argote , explicó en declaraciones a Ical que «los tiempos empiezan a tener fecha de caducidad» por lo que se mostró satisfecho con la decisión adoptada en el pleno. Así, indicó que «lo que se busca es llegar a las Cortes Generales de la mano del Gobierno vasco».

De este modo, y a tenor de lo que argumentó Argote, «se llevaría a cabo el mismo recorrido» que la última vez que el Congreso admitió a trámite la proposición de ley que solicita la adhesión administrativa de Treviño a Álava. «La última vez esta proposición se admitió pero no se tuvo en cuenta», destacó el primer edil que confía que el cambio del arco parlamentario «cambie» la visión de los parlamentarios acerca de la situación «de parcheo» que viven los vecinos del condado treviñés.

En última instancia, el deseo de Treviño es que «tanto la Diputación de Álava como el Gobierno vasco» se impliquen a la hora de redactar la proposición de ley en la que se establezca el deseo secesionista de Treviño y su anexión al País Vasco. «No se puede dejar a los ciudadanos sin servicios y es eso lo que pedimos, que los preste el que más cerca esté», aclaró.

Cabe recordar que precisamente el 8 de marzo de este año el Ayuntamiento de Treviño celebró una sesión plenaria en la que aprobó una moción para segregarse de Castilla y León. En aquel encuentro Portilla demandó que se pusiera «fecha de caducidad» a los convenios de prestación de servicios administrativos y que fuese el País Vasco quien ofreciera los mismos ante «la inseguridad» que les genera la situación actual.