Las regiones despobladas alertan a Europa del riesgo que corren las pensiones y el mundo rural

Castilla y León, Aragón, Asturias, Cantabria (aunque no pudo llegar como consecuencia del corte de por la nieve de la A-67), Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y La Rioja se dieron cita en la cuarta reunión que desde 2013 mantiene el Foro de Comunidades por el Cambio Demográfico que nació con tres autonomías, el pasado año se incrementó en tres más y ayer eran ya ocho (La Rioja y Cantabria han sido las últimas en incorporarse). Todas ellas tienen en común un mismo problema como es el envejecimiento y la despoblación y sobre esa base, ya en la reunión anterior se acordó elaborar un dictamen-decálogo con un diagnóstico y propuestas concretas que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, se encargará de defender en junio en el Pleno de las Regiones de Europa.

Para empezar, las ocho autonomías consensuaron ayer los criterios básicos para el citado decálogo con el que se quiere conseguir, según el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, «que la Unión Europea reconozca que existe un problema demográfico y que, como tal, le dedique la suficiente financiación».

En el texto, se incide especialmente en las consecuencias de las actuales tendencias demográficas que «influyen en la sostenibilidad de la financiación futura de los sistemas de pensiones y en los costes de provisión de determinados servicios del Estado de Bienestar, así como en el desarrollo de los distintos territorios de la Unión Europea y sobre el mantenimiento de los ecosistemas tradicionales asociados al medio rural».

Sin embargo, según el dictamen, las medidas llevadas a cabo «son insuficientes, por definición, para hacer frente a un reto de estas dimensiones». Por eso, reclaman a la Unión Europea mejorar su respuesta para hacer frente al reto demográfico y «avanzar hacia una estrategia europea horizontal que integre todas las políticas susceptibles de contribuir a hacer frente al cambio demográfico, diseñando medidas en los distintos ámbitos que pueden incidir en este objetivo».

Entre otros aspectos, el dictamen señala que dicha estrategia debería priorizar la creación de oportunidades p ara atraer y retener población joven en todo el territorio europeo y fomentar el reequilibrio territorial entre zonas densamente pobladas y zonas con problemas demográficos, favoreciendo la prestación de servicios públicos de calidad en estas últimas. Y para hacer realidad estas propuestas, se pide a la Unión Europea que las tenga en cuenta a la hora de configurar los marcos de financiación plurianual., introduciendo mecanismos de prioridad en el acceso a la financiación para aquellas regiones con dificultades especiales.

La vicepresidenta de la Junta, Rosa Valdeón, defendió el trabajo realizado por las ocho autonomías como una muestra del «autonomismo útil, del saber compartir y colaborar , conscientes de que lo que hagamos va a tener más peso, porque somos más». Además, insistió, se trata de «un problema de nuestra sociedad y nuestro país; un presente que puede condicionar nuestro futuro».

El consejero de la Presidencia de Asturias, Guillermo Martínez-Suárez, señaló que el problema de la despoblación afecta a ocho autonomías españolas que representan el 62 por ciento de la superficie de la Nación pero que, sin embargo, cuentan tan solo con el 25 por ciento de la población. «Es un problema de Estado -señaló- porque afecta a todas las administraciones y todos estamos implicados».