Una ley impedirá las «puertas giratorias» a altos cargos y desterrará a los procesados

El anteproyecto de ley presentado ayer tras la reunión del Consejo de Gobierno recoge propuestas que parten de distintos puntos: el acuerdo de investidura con el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el pacto que la Junta suscribió con C´s, Podemos y PSOE y las negociaciones en la mesa de la función pública, incluso plantea algunas de las cuestiones relativa a la Ley Electoral que, en principio, se enmarcaban en una futura reforma del Estatuto que ayer el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, apuntó a que se «complica» con la «situación en Madrid».

De entre las novedades de este Estatuto que está sobre el papel, destaca que no podrán ser altos cargos los condenados o con un juicio oral abierto por delitos contra la administración pública (si ya lo son deberán cesar) y que los secretarios generales y directores generales, con carácter general, deberán de ser nombrados de entre los empleados públicos -se sube un peldaño más que a nivel estatal al incorporar a los secretarios bajo esta condición de empleado público-.

Respecto a los consejeros, se establece que no podrán permanecer más de dos mandatos -ocho años- en un mismo departamento -el mismo periodo máximo que se establece para la presidencia de la Junta y de las instituciones propias-, además deberán de rendir cuentas cada dos años en las Cortes con un «minidebate» sobre el estado de su área de gestión en el que se examinará si cumplen con sus «compromisos»

Para los altos cargos se establecen, además, condiciones como estar al corriente de sus obligaciones fiscales o no caer en incompatibilidades ni conflictos de intereses que puedan comprometer el ejercicio de sus funciones con «imparcialidad e independencia». Todos deberán rendirse ante un Código Ético y sus actuaciones serán supervisadas por la Comisión de Ética Pública, que podrá incoar y resolver los procedimientos por posibles infracciones -la instrucción de los supuestos le corresponderá a la Inspección General de Servicios de la Junta-. Las sanciones recogidas en el anteproyecto van desde la publicación en el Portal de Transparencia de la infracción cometida y la identidad del autor, al despido, pasando por la obligación de restituir los beneficios apercibidos de forma indebida.

¿Y llegado el retiro político? El texto recoge que durante los dos años siguientes a su cese o despido los altos cargos no podrán prestar servicios para entidades privadas de un sector en el que no tuvieran experiencia previa y sobre el que hubieran tenido responsabilidades en el ejercicio de sus funciones, y tampoco podrán ser contratados por empresas afectadas por decisiones en las que han participado directamente.

El documento presentado ayer por el consejero de la Presidencia recoge, además, disposiciones que afectan a la Ley Electoral de Castilla y León, que impiden que alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes , presidentes de diputaciones y europarlamentarios figuren en las listas; y que los candidatos a la Presidencia de la Junta de las formaciones que tengan un grupo parlamentario propio deberán «celebrar al menos dos debates públicos durante la campaña».

Por último, se reducen las firmas necesarias para poder presentar una iniciativa legislativa popular y de los ayuntamientos. De esta forma, si actualmente son necesaria las de un uno por ciento de la población - en torno a 20.000-, el texto propone que se correspondan sólo con un 0,75 por ciento -15.000-. Asimismo, se contempla que un miembro de la comisión promotora pueda «participar en el debate» parlamanetario de la misma.

La ley no tendrá carácter retroactivo respecto a los que ya son altos cargos, de manera que no cesarán los dos consejeros que llevan ya más de ocho años en el puesto -De Santiago-Juárez en Presidencia y Pilar del Olmo en Hacienda-, como tampoco dejarán sus escaños en las Cortes las señorías que rigen una ciudad de más de 20.000 habitantes -como son los alcaldes de León, Antonio Silván, y Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco-.