La Junta se defiende y dice que ni Policía ni Fiscalía vieron «riesgo vital» para Sara

La propia consejera reconoció que aún se hace preguntas sobre lo sucedido y, después de mostrar su «profundo pesar» por el «brutal asesinato», defendió, a lo largo de su intervención, el trabajo de los técnicos. Su respuesta ante la situación fue «diligente» y «adecuada», teniendo en cuenta la información de la que disponían y que «nadie, ni los profesionales que anteriormente habían conocido del caso ( Policía, Fiscalía y autoridad judicial ), ni el entorno materno de la niña (tíos maternos), pensaba que alguien pudiera atentar contra la vida de Sara», subrayó.

En un relato que se prolongó durante más de una hora, la consejera dio a conocer que justo el día anterior a la muerte de la menor -el día 2 de agosto-, la Junta decidió hacerse cargo de su tutela. Pero, esta decisión se tomó «no porque se piense o se tenga indicios de que pueda existir un riesgo vital para la niña ni para su hermana mayor». Y es que ninguno de los profesionales de los diferentes ámbitos que habían tenido conocimiento del caso lo percibieron así, sino que se llevó a cabo por la «negligencia de la madre en la atención doméstica de sus hijas y por la falta de colaboración con los servicios sociales», subrayó. Sin embargo, la medida llegó tarde, ya que ese mismo día Sara ingresó en el Clínico de Valladolid en parada cardiorrespiratoria y falleció al día siguiente por las heridas.

Es el día 21 de julio cuando la Gerencia territorial de Servicios Sociales de Valladolid tuvo conocimiento por primera vez del caso de Sara por parte de la Fiscalía de Menores «en virtud de comunicación ordinaria», pero no de urgencia, relató. «No nos cabe la más mínima duda de que si la Fiscalía hubiera apreciado una situación de urgencia nos lo hubiera comunicado», aseguró García. Ese documento, iba acompañado, además, por las diligencias policiales que se llevaron a cabo el día 11 de julio, cuando la madre lleva a la niña a urgencias del Hospital Campo Grande y un pediatra muestra ya sus sospechas de que la pequeña estuviese sufriendo maltrato por los hematomas que presentaba en su cuerpo. Pero, «ni por parte de los familiares, a los que se había tomado declaración, ni en las conclusiones policiales se aportaba información que pudiera implicar una situación de inminente riesgo vital para la menor», insistió la consejera. De hecho, la principal hipótesis con la que se trabajaba entonces era con un posible caso de violencia de género del que sería responsable la expareja de la madre y padre de la niña, que en ese momento se encontraba fuera de España, por la declaración que prestó la madre.

Una vez que la información llegó a la Sección de la Protección de la Infancia -el 25 de julio-se valora y se asigna a este caso «un nivel de prioridad 2», que exige que se investiguen los hechos «dentro de las 48 horas siguientes» a la recepción. Para la consejera, «parece claro que la decisión fue la adecuada de acuerdo con la información de la que se disponía». Ya ese mismo día se cita a la progenitora para una entrevista el día 26, a la que «no pone ningún reparo» y donde acude con sus hijas «correctamente vestidas y aseadas», pero en ningún momento la mujer habla de que tenga una nueva pareja.

Ninguna sospecha de maltrato había en el entorno educativo de la pequeña, según las averiguaciones de los técnicos, pero, ante «algunas contradicciones», decidieron seguir indagando y concertar una segunda entrevista con la madre en su domicilio. Esa visita nunca llegó a producirse. Se concertó una primera cita para el 28 de julio, que fue anulada por la progenitora por motivos laborales, y se traslada al 1 de agosto. Entonces, nadie abrió la puerta en el domicilio. Al día siguiente la Junta decidió retirar la tutela de las menores a la madre, a la que, cuando fueron a comunicar la decisión por vía telefónica, respondió que está en el hospital porque la niña se encuentra en parada cardiorrespiratoria.

«No tenemos nada que reprochar a la actuación de nuestros profesionales; cumplieron las normas y los protocolos más allá de los mínimos», defendió Alicia García, aunque sí reconoció que será necesario realizar un «análisis pormenorizado» de los protocolos. Para ello, en septiembre se creará una comisión de expertos de cara analizar toda la normativa y los procedimientos de actuación.

Los grupos políticos agradecieron las explicaciones de la consejera, aunque algunos criticaron la tardanza en comparecer ante las Cortes -25 días después del fallecimiento de la menor-. Todos lamentaron y condenaron lo sucedido y lanzaron propuestas, entre ellas, la de un servicio de urgencias que funcione 24 horas al que poder acudir en caso de necesitar ayuda.

Ninguno cuestionó el trabajo de los técnicos en el caso de Sara, pero sí el protocolo establecido de actuación. El procurador del Grupo Mixto, José Sarrión (IU), apostó por la «desburocratización» y «simplificación» de los trámites para evitar que vuelva ocurrir otro trágico suceso, mientras que José Ignacio Delgado (Cs) aseguró que en esta materia hay que ser «muy exigentes» y «cambiar lo que haya que cambiar» para que no se repita lo ocurrido. En la misma línea, la parlamentaria de Podemos, Laura Domínguez, señaló fallos en los procedimientos que deberían haber aportado protección a la pequeña, pero aseguró que la comparecencia de la consejera debe servir para impulsar los cambios necesarios. «Los protocolos no han sido capaces de proteger a esta menor», consideró también la socialista Ana Muñoz de la Peña, para quien existe además falta de información entre los profesionales sobre lo que deben hacer. Por su parte, Juan José Sanz Vitorio (PP), defendió que la consejera ha comparecido cuando ha tenido datos suficientes.