La Junta dará una ayuda de 130 euros a 45.000 familias para pagar la luz y el gas

Ese cheque de 130 euros se ingresará a estas personas con bajos recursos antes de que finalice el año sin que tengan que tramitar ninguna solicitud para ello, ya que ya están identificadas por los Servicios Sociales.

La ayuda extraordinaria forma parte de un paquete de medidas de lucha contra la pobreza energética adoptadas por el Gobierno regional. «Mi Gobierno protege a las personas», aseguró Fernández Mañueco en presencia de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco. El presidente autonómico ratificó su objetivo de que «ninguna familia se quede sin luz por dificultades económicas» y para ello también mencionó otras medidas previstas, como la renovación y ampliación a una nueva compañía los convenios con suministradoras para evitar los cortes de luz y gas por impagos por falta de recursos económicos.

Esos convenios, que en el último año han evitado que 427 familias con dificultades económicas se quedaran sin luz o suministro de gas o gasoil para la calefacción, se refuerzan con Iberdrola, Naturgy y Repsol y a ellos se incorporará también Endesa. Otro eje de actuación para hacer frente a la subida de la luz y el gas, según anunció el máximo responsable del Ejecutivo autonómico, se gestionará a través del convenio en materia de Servicios Sociales entre la Junta, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. El Gobierno regional aportará una partida de ocho millones adicionales a ese convenio, la mitad este año y la otra mitad en 2022, con el fin de abrir una nueva línea de ayudas por la subida de los suministros energéticos.

A todo ello se añadirá, el denominado bono térmico, que se volverá a conceder e incluir en los presupuestos autonómicos si el Gobierno de España lo ratifica. Ese bono benefició el pasado año a 93.000 familias que recibieron cantidades que oscilaron entre los 67 y los 123 euros. Este paquete de medidas pretenden mantener los «servicios sociales de primera» que tiene Castilla y León y que son «de los mejores de España», algo que es fruto de la «voluntad política de proteger a las personas» que tiene el Gobierno de la Comunidad.