Estado fiscal policial

Vivimos en un estado fiscal policial impropio de una democracia, auspiciado igualmente por los dos grandes partidos. Los que no se enteraron del latrocinio y la corrupción de Arroyo, los que miraban para otro lado ante la trama de las eólicas, los que desconocían el sobrecoste del edificio de la Perla Negra, se ponen ahora farrucos cuando tienen toda la información puntual por escrito de mi economía doméstica. Porque de no atender el requerimiento, la normativa establece multas de 150, 300 o 600 euros, según el grado de obstrucción y resistencia. Cuando uno aún recuerda del BUP que la resistencia se mide en ohmios...

Un sistema viciado que pone todo su empeño en perseguir a la clase media, en hostigar al autónomo, en fustigar a la familia, en amargar al emprendedor, pero que, cuando debe hacer frente a los grandes defraudadores, pasa de puntillas o incluso recula en tablas. No basta con que una administración autonómica apueste por la desaparición práctica del polémico impuesto. Tratar de entrada al contribuyente como a un delincuente fiscal es intolerable. Reclamar explicaciones sobre documentación que poseen pero que no quiere revisar el funcionario de turno, ganas de tocar las gónadas. El ciudadano que paga con sus tributos el gasto desorbitado de la harka autonómica merece un respeto.