Familia quiere implicar más a los sanitarios en la detección de víctimas de trata

En 2017, primer año del que se tienen datos desde la creación de la red, las cinco entidades (Apram en Ávila, Salamanca y Zamora; Adoratrices en Burgos, Segovia y Soria; Aclad en León, Valladolid y Palencia; Albor también en Valladolid y Cáritas en Ponferrada) intervinieron con 2.529 mujeres, de las cuales 41 se identificaron víctimas de trata . «A bote pronto parecen pocas, pero la verdad es que es muy difícil que estas mujeres reconozcan que son víctimas de redes de trata porque detrás tienen mafias, proxenetas, tratantes... Y pueden correr peligro tanto su vida como la de sus familiares», señala Vázquez.

Lo confirma Luis Iglesias, director regional de Aclad. Para que estas mujeres se acerquen a la sede que la entidad tiene en Valladolid para establecer con ellas un plan de intervención que incluye atención sanitaria y psicosocial han hecho falta muchas horas previas de toma de contacto por parte de psicólogos y otros profesionales, la mayoría de las veces en los propios ambientes donde ejercen la prostitución, con el fin de ir ganando su confianza. Incluso así, detalla Sonia Martín, es una labor casi imposible que lo reconozcan porque a veces junto al miedo a su «explotador» suman otras condiciones como la llamada «disociación de personalidad»: «Es como si su cerebro se dividiera ante situaciones dramáticas y creen que cuando ejercen no son ellas mismas» . En otras ocasiones se encuentra con que estas mujeres no se cuestionan que trabajar 15 horas diarias o «aguantar ciertas vejaciones en prácticas sexuales» pueda ser «explotación». Ante esta situación, estos profesionales se ven obligados a trabajar a base de «indicios y sospechas». «El hecho de que la prostitución y la trata estén íntimamente relacionados ya es un indicador», apunta Iglesias. De hecho, se calcula que ocho de cada diez mujeres que ejercen la prostitución son víctimas de trata.

Otro de los indicios de que esta actividad no ha hecho más que crecer en estas dos últimas décadas es el perfil de las atendidas. « Hemos pasado de atender a un 40 por ciento de extranjeras en 2007 a un 92 actualmente, casualmente todas ellas extranjeras, así que te vas dando cuenta de que están en esta situación porque no tienen otra alternativa », añade Martín. Así, desde Aclad estiman que de las 223 mujeres que han conseguido que se acercaran a la sede en 2018 -in situ llevan atendidas a más de 700-, un 60% podría estar relacionada con redes de trata.

España es el primer país de Europa en consumo de prostitución y el tercero en el mundo, recuerda la directora general de la Mujer, quien cree que ésta es una de las razones por las que ese flujo de tráfico de personas se focalice «mucho» en nuestro país. No obstante, destaca que tanto la Fiscalía como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están trabajando con ahínco para avanzar en su erradicación.

Precisamente Junta y Fiscalía firmaron recientemente un nuevo protocolo para mejorar la coordinación entre esta última y los Servicios Sociales con el fin de ayudar en la detección. Estos nuevos pasos son valorados por las asociaciones, que reconocen que el trabajo para luchar contra la trata se ha intensificado en estos últimos años . Castilla y León fue pionera cuando redactó en 2010 la Ley contra la Violencia de Género en introducir como tal la explotación sexual, que aún no contempla la normativa nacional aunque sí el pacto de Estado. Pero desde las asociaciones como Adoratrices quieren seguir avanzando en este sentido y ven necesaria la aprobación de una Ley Integral para la Asistencia y Protección a Víctimas de Trata. Así lo cree también la directora general de la Mujer, que coincide con Aclad en señalar esta práctica como la «más salvaje y brutal» violencia de género.

En 2018 la Junta ha incrementado el presupuesto destinado a estas entidades en 170.000 euros y como novedad ha creado plazas habitacionales para aquellas víctimas que hayan sido identificadas, con la intención de darlas alojamiento y la atención psicosocial, protección y seguridad necesarias mientras dura el proceso judicial. Respecto a los pasos que seguirán dando para avanzar en su erradicación, Esperanza Vázquez destaca que la necesidad de trabajar en la sensibilización de la sociedad -fundamental el ámbito educativo- y adelanta que es intención de la Consejería «cerrar ese círculo» comenzado con la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad con la Inspección de Trabajo y Sanidad «porque al precisar estas mujeres de atención sanitaria, l os profesionales son buenos agentes de detección».