Los empleados públicos de la Junta comenzarán a incorporarse a sus puestos a partir del 1 de junio

La vuelta al puesto presencial no será de golpe para la plantilla, ni tampoco para los más de 8.000 empleados públicos acogidos al teletrabajo , sino en función de los servicios y actividades de cada consejería y siempre de acuerdo a las indicaciones de la autoridad sanitaria conforme a la evolución del virus, explicaron fuentes de la Consejería de la Presidencia a Ical.

Las medidas preventivas que figuran en la Guía para los planes de «desescalada » con motivo del COVID-19 son vinculantes y de aplicación en todos los centros de trabajo de la Junta de Castilla y León para la reincorporación escalonada, según la información remitida a los representantes de los empleados públicos.

Entre las medidas preventivas, están el distanciamiento social (instalación de mamparas), la protección del trabajador (mascarillas, geles) y el trabajador especialmente sensible (vulnerable al COVID-19). Será prioritario el trabajo no presencial y la rotación por turnos como medida de conciliación.

Además, conforme a la guía, no habrá control horario, solo se controlará la presencia física de los empleados públicos pero no a efectos de jornada, ya que se seguirá trabajando por objetivos, número de expedientes resueltos. En función de las necesidades de los centros directivos, la reincorporación será inmediata, progresiva y en último lugar.

Los trabajadores especialmente sensibles , según el riesgo de exposición en el entorno laboral, serán evaluados por los médicos de trabajo de los Servicios de Prevención Ajenos, que aplican el procedimiento de actuación de prevención de riesgos laborales frente a la exposición del SARSCoV-2, actualizado a 30 de abril de 2020.

Esta desescalada para los empleados públicos de las consejerías de los servicios centrales y periféricos, no afecta a las gerencias de Sacyl, personal de Educación docente y personal de servicios sociales que, en estos casos, es diferente.

Como anunció el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, se realizarán test de anticuerpos para hacer un estudio de prevalencia y conocer el estado inmunitario de todos los empleados públicos, quienes han pasado el COVID-19. Serán voluntarios y se encargarán de llevarlo a cabo, tanto el personal propio de la administración como de los Servicios de Prevención Ajenos.

Según las medidas de prevención, el test de seroprevalencia medirá por separado el Igg (informa de la posibilidad de tener la enfermedad activa) y el Igm (anticuerpos presentes tras haber pasado la enfermedad), y se ofrecerá a unos 51.000 empleados públicos, exceptuando personal de Sacyl.

Los test se harán en los meses de julio y agosto y se priorizará al personal más expuesto al virus, como los de servicios sociales, agentes medioambientales, sector educativo, escuelas infantiles, para seguir con el resto de empleados públicos.