Cae una red de explotación de laboral y liberan a 33 búlgaros en Segovia y Valladolid

Fruto de las pesquisas, han sido detenidas cuatro personas de edades comprendidas entre los 25 y los 43 años y nacionalidad búlgara, a los que se les imputan los supuestos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y pertenencia a organización criminal, informaron fuentes del Instituto Armado.

Además del realizado en Bahabón, otro de los registros domiciliarios, realizado con participación de miembros de la Policía de Bulgaria desplazados desde ese país para apoyar en el terreno en las detenciones y asistencia a las víctimas, tuvo lugar en la localidad segoviana de Cuéllar.

Las investigaciones se iniciaron a principios de año cuando la Guardia Civil detectó la presencia de esta pequeña comunidad búlgara realizando tareas de recogida de cítricos en los campos de Valencia. Continuando con las investigaciones, los agentes pudieron comprobar que estas personas estaban siendo trasladadas a otros puntos de la geografía española para seguir realizando trabajos en el campo. Posteriormente, la Guardia Civil pudo determinar que estas personas estaban siendo obligadas a realizar trabajos en el campo sin percibir sueldo alguno , hacinadas en pisos y en condiciones insalubres.

La organización, compuesta por ciudadanos búlgaros, se encargaba de captar mediante el engaño a las víctimas, todas originarias de la región de Pleven (Bulgaria) , ofertándoles falsas expectativas de trabajo en nuestro país, ya que les decían que podrían ejercer un trabajo bien remunerado con la posibilidad de residir en una vivienda digna.

Posteriormente eran trasladados a España en furgonetas de la propia organización o en autobuses de líneas regulares. Una vez en nuestro país, el responsable de la organización comunicaba a las víctimas la contracción de una deuda por el traslado a España. Asimismo, la organización les obligaba a residir en la misma vivienda a más de veinte personas en condiciones de insalubridad y seguridad, con conexiones ilegales al tendido público, en habitaciones o buhardillas de hasta diez personas y sin agua caliente.

Igualmente, las víctimas eran sometidas diariamente a trabajos de recolección de productos agrícolas en el campo sin ningún tipo de contrato de trabajo ni seguridad social y por un salario, cobrado en «B», muy inferior a la función que desempeñaban.

Del dinero que ingresaban se les descontaba una parte por gastos de manutención y del viaje por el traslado a nuestro país llegando algún trabajador a percibir tan solo 50 euros por dos meses de trabajo.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Valencia con el apoyo de la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia, y ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Sueca (Valencia).