Los contratistas temen que la inflación y falta de materiales «acabe parando toda obra pública»

La situación es «dramática» en un momento en el que distintos factores han llevado a la «tormenta perfecta». Por un lado, el sector no ha conseguido reponerse de la crisis de 2007, en la que «la mitad» del empresariado se quedó por el camino. Los que sobrevivieron tampoco gozaban de buena salud y se veían «incapaces» de absorber toda la demanda sin la industria auxiliar y la maquinaria de la que se disponía tiempos atrás y con una carencia de mano de obra que no se consigue suplir ni ante las altas tasas de paro. A ello se sumó con la pandemia un aumento del precio de los materiales de construcción que empezó a reducir la rentabilidad. Y ahora, en plena vorágine económica, se «ha roto la cadena logística» después de que factorías que dan forma a componentes básicos -como el cemento o la ferralla- hayan tenido que parar su producción por no poder asumir el precio de la energía. La huelga del transporte «no ayuda» tampoco, aunque éste estaría siendo el menor de sus problema, explica el presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual. Para colmo, añade, en primavera vence la carencia de los créditos ICO que se les facilitó a las empresas del ramo hace dos años para afrontar la deuda que había generado la paralización de la actividad cuando el Covid irrumpió en el mundo.

El panorama es «desolador», y Pascual prevé «defunciones empresariales» en cascada en el sector porque no hay capacidad para seguir sin materiales -en España se han parado las fábricas y quienes los buscan fuera de las fronteras se encuentran cómo en Alemania les piden pagar al contado en un clima de desconfianza y no disponen de esa liquidez- y porque si se consiguen son a un precio muy superior al que se cerró cuando se licitó la obra que les fue adjudicada -algunos se han triplicado-.

La situación ya ha llevado irremediablemente a muchos empresarios a ralentizar el ritmo y a otros a parar del todo los trabajos, pero ni siquiera eso es gratis. Los terrenos en los que se ejecutan deben estar vigilados y los contratos, protegidos. «Todo cuesta» y una «obra no se puede parar y arrancar» como si fuera una atracción de feria, añade. Los efectos se notarán a corto plazo en el empleo. Por cada millón invertido se crean 15 puestos de trabajo, el doble que en la industria.

La solución pasaría, a juicio de sector, por que se establezcan unos mecanismos para compensar los sobrecostes al empresariado. A principios de marzo, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto por el que se fijaban medidas excepcionales en materia de revisión de precios en esta línea. Una normativa que desde la Cámara de Contratistas de Castilla y León solicitaron ayer formalmente que se aplique también en el plano autonómico .

El presidente de ese colectivo, Enrique Pascual, así lo solicitó en un escrito al Ejecutivo autonómico, al que insta a adherirse a esta política e incluso mejorarla, toda vez que reconoce que la citada norma nacional sólo cubre en torno a un 40 por ciento del sobrecoste al no tener en cuenta una compensación energética y que no se remite de forma inmediata. Pueden tardar hasta dos años en abonarse.

Aún así, «es mejor un mal decreto que nada», asegura Pascual, para poder llegar a un mayor volumen de tejido empresarial. La actual norma sólo afecta a la obra pública de carácter estatal, el 15 por ciento de las actuaciones que se licitan cada año en la Comunidad, y por ello aspira a extenderlo a las que ejecuta la administración autonómica, en torno a un 36 por ciento. Una propuesta que también ayer formalizaban desde la Diputación de León, que instaba a la Junta a este mecanismo para equilibrar costes. En el futuro habrá que aumentar los presupuestos de licitaciones. La ley obliga a sacarlas a precio de mercado.