Clemente rechaza el documento de la PAC al obviar las demandas de Castilla y León

Tras la Conferencia Sectorial de Agricultura, que presidió la ministra del ramo, Rosa Aguilar, en la sede del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM) en Madrid, la consejera acusó al Gobierno de haber perdido cuatro meses para lograr una posición de Estado y consensuada con las comunidades. «Se ha pronunciado Francia, Alemania, los Países Bajos, Italia... pero España, a pesar de su posición preponderante, todavía no tiene posición», lamentó Clemente, denunciando que mientras tanto la comunicación de la UE sigue su curso, con una reunión el próximo 17 de marzo que puede modificar las propuestas iniciales. «La posición española puede nacer obsoleta», señaló la responsable de Agricultura.

También «aclaró» a la ministra que «Castilla y León no está en campaña electoral sino defendiendo una PAC para todos los que perciben ayudas, 98.000 agricultores y ganaderos a título principal junto a los que se dedican a la llamada agricultura activa». «Es un tema mucho más serio que las próximas elecciones autonómicas», añadió.

La consejera resaltó que la propuesta del Ministerio no recoge demandas de la Comunidad que también «son fundamentales para el conjunto del Estado», como la incorporación de un análisis de impacto económico de la reforma, algo que la Consejería «ya demandó el pasado mes de enero», que la orientación de las ayudas directas se dirija a los sectores que actualmente son apoyados por la PAC, la puesta en marcha de medidas de intervención en el mercado para lograr precios justos así como el desarrollo de fórmulas de concentración comercial que mejoren la competitividad.

La responsable de Agricultura apuntó que no está en contra de la protección de la biodiversidad y del medio ambiente, pero subrayó que «no como eje principal de la PAC». Además, resaltó la necesidad «clamorosa» de poner en marcha mecanismos de intervención del mercado y puso como ejemplo el «gravísimo problema» que atraviesa la ganadería por el incremento del precio de los piensos, que de haber intervenido en el mercado se podría haber subsanado.

Asimismo, también demandó una política de seguros: «España es el país que más avanzado, somos los mejores, por lo tanto podemos reivindicar en Europa una política de seguros integrales que garantice la rentas a los agricultores y ganaderos», explicó la responsable del ramo.

Castilla y León fue la comunidad que más propuestas planteó al primer documento elaborado por el Ministerio, del 27 de enero, que a juicio de la Consejería «no han sido tenidas en cuenta en la segunda propuesta». La Junta defendió que los objetivos principales de la reforma deben ser la producción de alimentos y fortalecer el aspecto competitivo de la agricultura y la industria alimentaria. Por el contrario, en el documento entregado por el Ministerio «tan sólo se hace referencia como posición española a los aspectos ligados a la simplificación y a que la agricultura debe desempeñar un papel activo e integrador en el mantenimiento del medio ambiente, de la biodiversidad y en la mitigación del cambio climático».

La Comunidad también «considera prioritario» establecer mecanismos que permitan utilizar los fondos de la PAC no utilizados o recuperados, en forma de sobres nacionales para apoyos adicionales de medidas de mercados, especialmente en situaciones de crisis, así como mantener el nivel mismo porcentaje de participación de España en el gasto global de la PAC.

Mientras, desde Segovia y antes de la reunión, el secretario regional del PSOE , Óscar López, criticó que la Junta, con su presidente, Juan Vicente Herrera, y Clemente a la cabeza, «debiliten» la posición del Gobierno central a la hora de conseguir una PAC «más justa». «Lamento que defiendan a su partido en lugar de a la Comunidad», dijo López, quien acusó al Ejecutivo regional de optar por una «posición sectaria» en la que «no se ha escuchado» al sector.