Castilla y León recibe uno de cada cuatro traslados de etarras con Sánchez

Por la cercanía con el País Vasco y Navarra, Castilla y León ha sido la comunidad a la que más presos vinculados con ETA han sido acercados o están pendientes de traslado. Le siguen, de lejos, los 19 llevados hasta Logroño, 16 a Aragón o los 18 que han alcanzado ya tierras vascas . Dentro de la Comunidad, Soria y Burgos han concentrado una amplia mayoría de esos movimientos . La primera suma una decena y la segunda, un total de doce. A distancia le siguen Valladolid y Palencia, con cuatro, y León, con dos, según los datos que maneja la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), a la que se notifican todos estos movimientos.

Tras la aprobación de estos traslados de presos de ETA –tres están ya en libertad y al menos cuatro se encuentran esperando su transporte– las cárceles de Castilla y León suman ya 34 internos con vínculos a la banda terrorista, una cifra que se ha elevado notablemente en el último año. A fecha de 26 de mayo eran veinte, según las mismas fuentes.

Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo llaman la atención sobre que treinta de los traslados en el conjunto de España son reclusos condenados por delitos de sangre, ocho de ellos están entre los movimientos autorizados a Casilla y León. Entre los que recalarán en la Comunidad suman un total de trece asesinatos , además de crueles secuestros y atentados fallidos.

Cinco de estos reclusos con condenas por muertes violentas compartirán muros, al haberse aprobado su traslado a Burgos, aunque dos de ellos están aún a la espera del mismo. Se trata Zigor Bravo –quien colaboró en el asesinato en 2000 en Vitoria de un funcionario de prisiones– y Gregorio Vicario Setién –que cumple condena en Salamanca por dos asesinatos y fue responsable en los secuestros de Cosme Delclaux y José María Aldaya en los años noventa–.

Cuando lleguen, se encontrarán en este centro penitenciario con Jon Zubiaurre Aguirre —que fue condenado por el asesinato en 2001 del ertzaina Iñaki Totorika—, Álvaro Arri Pascual —entre rejas por su responsabilidad en el atentado cometido en 1994 en la plaza de Ramales de Madrid, en el que murieron el general Francisco Veguillas y otras dos personas– y Aitor García Aliaga –condenado a 323 años por los asesinatos del militar Justo Oreja Pedraza y el policía Luis Ortiz de la Rosa–.

A la otra cárcel de la Comunidad más cercana a País Vasco, en este caso la de Soria, fue remitido Mikel Arrieta Llopis, autor de la muerte en 1982 en un restaurante chileno en Sestao de dos inspectores de Policía y una civil.

Y en Palencia se aguarda la llegada desde el centro penitenciario de Cáceres de Aitor Olaizola, responsable del coche bomba en el hotel Montecarlo de Rosas (Girona), que provocó la muerte de un mosso d’esquadra. El octavo preso con delito de sangre sería «Josú de Mondragón», citado anteriormente.

Andalucía es con diferencia el principal origen en el que se encontraban estos presos que han recalado en este tiempo en Castilla y León, que también ha sido emisor. Ocho han dado un paso más en el acercamiento y continúan su condena en País Vasco, Navarra o La Rioja.