Argüello celebra la ampliación del aforo en los templos y llama a los fieles a respetar las medidas

Se ha pronunciado de esta manera respecto a la decisión del Gobierno regional de eliminar el aforo máximo de los lugares de culto a 25 personas y en su lugar ampliar este límite a un tercio de su capacidad. Argüello ha afirmado que el Arzobispado comprende el «esfuerzo» que desde la Junta se quiere realizar para evitar que la pandemia se extienda, pero ha insistido en que criterio que había hasta la fecha le parecía «excesivo y quizá discriminatorio respecto a otros ámbitos también cerrados que se regulaban solo por criterio proporcional».

Luis Argüello ha señalado también que esperan que las sanciones a algunos templos, como la Iglesia de San Benito de Valladolid, se resuelvan «de la mejor manera posible» para que «todos contribuyamos a generar un ambiente propicio para la colaboración, para la vivencia de la fe y para contribuir a que la pandemia no se extienda».

El obispo auxiliar ha reconocido, en este sentido, que vivieron «algunos momentos de tensión en estas últimas jornadas» pero quieren «dejar eso atrás para mirar hacia adelante y colaborar todos por el bien común de la salud y evitar la transmisión de la pandemia».

Por último, hizo un llamamiento a la comunidad católica a participar en la eucaristía y otros encuentros en la vida parroquial o comunitaria «respetando todos los criterios de distancia, mascarillas y no aglomerarse en entradas y salidas, para que todos contribuyamos a que el coronavirus no se extienda».

También se ha pronunciado al respecto la Asociación Española de Abogados Cristianos , que al igual que Argüello ha celebrado la decisión del Gobierno regional pero ha advertido que seguirá adelante con el procedimiento judicial para «evitar que este tipo de abuso se vuelva a repetir».

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha recordado que «se trataba de una medida totalmente discriminatoria, similar a la impuesta en Francia, donde limitaron el aforo a 30 personas, y cuyo Tribunal Supremo tumbó al considerarla ilegal por no ser proporcionada». Castellanos apuntó que «ningún gobernante autonómico tiene competencias para limitar un derecho fundamental como es el de la libertad religiosa».