El marido, que se juega la prisión permanente revisable, pide perdón a la familia por el crimen

José Rafael García , que se juega la prisión permanente revisable, cerró este viernes la quinta sesión en la Audiencia de Toledo, después de cinco horas y media dedicadas a la lectura de los informes de calificación definitivos de las partes sobre este terrorífico caso, ocurrido en Mora el 5 de febrero de 2017.

Las acusaciones sostuvieron que se trató de un asesinato, en el que hubo un ataque sorpresivo y machista que Cristina no esperaba en absoluto; y que la confesión del marido de Cristina y su supuesta depresión no debían considerarse atenuantes, como así pidió la defensa.

Francisco Javier Serrano , el abogado de José Rafael, también afirmó que no había habido agravante de parentesco y que Cristina, con un 85 por ciento de discapacidad física, sí pudo haberse defendido y haber salido al exterior antes del ataque con un cuchillo de 28 centímetros de longitud, el más grande del maletín donde estaba guardado.

El letrado, además, reprochó a las acusaciones particulares que le faltaran al respecto en la lectura de los informes. «En este caso, la defensa defiende lo indefendible», le había dicho José Megías , uno de los dos letrados de la familia.

También había criticado al fiscal, Antonio Huélamo , por querer manipular al tribunal popular al usar la expresión «la mujer de ojos verdes» durante el juicio. «Unas palabras que emplea el forense para describir a la víctima», contestó el representante del Ministerio Público.

En su profusa intervención de dos horas y quince minutos, el fiscal reiteró varias frases para que el tribunal tuviera claro por qué calificó de asesinato este crimen: hubo una alevosía convivencial o doméstica, puesto que Cristina nunca pensó que iba a sufrir el «violento y terrorífico» ataque de su marido, que se había declarado culpable en la primera jornada.

Las acusaciones afearon a José Rafael que solo contestase en el juicio a las preguntas de su defensa, a la que el fiscal se dirigió para sentenciar que no existían intentos de suicidio (autolíticos) del inculpado. «Si hubiera tenido un poco de vergüenza, hubiese aceptado contestar», censuró José Megías.

A ojos del fiscal y los letrados de la familia, la posible depresión del reo el día de los hechos tampoco se podía utilizar como atenuante, según habían expuesto los peritos, ya que el procesado sabía lo que hacía y lo que quería hacer.

Además, Antonio Húelamo reprochó con la voz alta a José Rafael que vivía bien en la casa, donde «solo comía, dormía y utilizaba su portátil». «¿Para qué se iba a suicidar?», se preguntó el fiscal. «¡No tiene ninguna atenuante, ninguna!», exclamó. Ni siquiera las dilaciones indebidas (retraso en el proceso de un caso que ya tuvo un juicio anulado).

Rafael Pérez-Moreno , el otro abogado de la familia, apeló al «sentido común y a la lógica» para pedir el veredicto de asesinato en un crimen en el que la víctima, con hipersensibilidad, «era altamente vulnerable». «Se casó con ella por un interés económico. Vivía bien», aseguró el letrado José Megías. Por su parte, la abogada de la Junta de Comunidades, María Barahona , defendió la tesis del asesinato: «Los familiares nunca tuvieron miedo de que Cristina pudiera ser asesinada».

El letrado de José Rafael dijo al jurado, en cambio, que «no estamos para vengar la muerte, el ojo por ojo, sino para sancionar una conducta». «Han retorcido todo [en alusión a las acusaciones] por pura venganza. Las acusaciones no saben si hay alevosía porque no existe», remachó Francisco Javier Serrano, quien presentó a su cliente como una víctima. «La familia ha edulcorado lo que pasaba en esa casa», espetó.