«Tengo un problema del que quiero y debo tratarme»

Dieciocho meses atrás, el 21 de abril de 2017, la Policía Nacional había encontrado en el ordenador portátil de Óscar, vecino de Villasequilla (Toledo), 985 archivos con contenido pedófilo, que incluía imágenes aborrecibles de bebés y niños menores de 5 años como víctimas de agresiones sexuales.

Para el procesado, quien se encuentra en prisión desde el 24 de abril de 2017, el ministerio fiscal pide una pena de siete años de prisión y otros siete de libertad vigilada por un delito de distribución de pornografía infantil. Sin embargo, la defensa rebate esa calificación y sostiene que Óscar no compartió archivos con otros posibles pedófilos, por lo que solicita una condena de entre tres meses y un año de prisión. Su abogado, Juan Carlos Moraleda , ha pedido la nulidad de las actuaciones posteriores al auto de entrada y registro en el domicilio del procesado, que vivía con sus padres, además de la anulación de la prueba informática de la Policía Nacional.

Para desacreditar la instrucción policial, el letrado de Óscar realizó un interrogatorio incisivo a los tres expertos informáticos del Cuerpo Nacional de Policía que comparecieron este martes en la Audiencia toledana. Ellos hallaron y analizaron en su día el material que el procesado guardaba en su ordenador portátil. «Mi informe técnico expresa claramente que el usuario compartió archivos», afirmó taxativo uno de los agentes ante la interpelación áspera del abogado de la defensa.

Moraleda se apoyó, sin embargo, en el informe de un ingeniero superior en Informática para sembrar las dudas sobre si los archivos que fueron intervenidos por la Policía habían sido realmente los que se analizaron luego. «Hay que hacer un acto de fe», aseveró el letrado, quien afeó a los agentes que cambiasen las claves del usuario para tener acceso al ordenador una vez intervenido. Además, les reprochó otras presuntas anomalías informáticas en la instrucción policial, según el letrado, como la falta de huellas digitales, la ausencia de un copia del contenido o si el material analizado estaba en un disco externo o interno del computador intervenido.

« No se puede acreditar que hubo una sola compartición », concluyó Moraleda, quien subrayó varias veces que la cadena de custodia del ordenador y su contenido (la pieza de convicción en este caso) se rompió «en varias ocasiones» desde que fue intervenido hasta que el portátil fue analizado exhaustivamente por la Policía.

Sin embargo, para la representante del acusador público quedó «más que probado» que Óscar Bermúdez compartió con otros usuarios los archivos que guardaba en su portátil, según las conclusiones de la investigación policial. «No ha habido ninguna modificación, ninguna alteración, en el contenido del ordenador», afirmó la fiscal, quien insistió en que la Policía había hecho «todo lo indecible para mantener inalterable» el material pedófilo que fue hallado dentro del portátil.

« El usuario sabía que estaba compartiendo [archivos]», aseguró la acusadora pública, ya que una de las aplicaciones empleadas por Óscar, Gigatribe, «implica unirse a un grupo que serían consumidores de pornografía infantil». «El hecho de que no hubiese internet durante la entrada y registro de la Policía [algo en lo que el letrado del encartado incidió ] no significa que no hubiese compartido archivos antes», recalcó la fiscal. Ella remarcó también que los policías que se incautaron del ordenador vieron las imágenes de contenido pedófilo en el propio domicilio de Óscar y con el acusado delante, antes de que se lo llevaran detenido.

Para rebatir al perito forense de parte que llevó la defensa, la fiscal hizo hincapié en que el ingeniero superior en Informática no había tenido acceso al ordenador que la Policía examinó. Y se detuvo, igualmente, en unas presuntas conversaciones del acusado con otros usuarios en un chat de contenido pedófilo, un diálogo que el abogado de Óscar Bermúdez también puso en duda, como otras tantas que sembró durante el juicio. Incertidumbres que el letrado ha intentado hacer llegar al tribunal para que tuviese en cuenta el principio jurídico «in dubio, pro reo» (en la duda, a favor del acusado).