Podemos propone priorizar a pymes y excluir empresas ya subvencionadas y actividades con animales de la Ley de Mecenazgo

En estas enmiendas, otra de las exigencias es excluir de su ámbito de ampliación cualquier actividad cultural en la que participen animales vivos.

Además, Podemos pretende limitar la base máxima de deducción, que no podrá ser superior a 3.000 euros por periodo impositivo; y suprimen los créditos fiscales. El portavoz de la formación, David Llorente, ha detallado a Europa Press que estos créditos suponían una «especie de 'cheque-regalo que permite canjear durante tres años el 25% de las donaciones en el pago de cualquier impuesto, tasa o precio público».

Esto, ha señalado, «podría incrementar el riesgo de eludir impuestos y podría tener un impacto negativo en la recaudación, además de lanzar un mensaje político equivocado».

Se trata, ha dicho, de «mantener los incentivos fiscales bajo control y en un nivel razonable que no comprometa la capacidad de obtener ingresos necesarios para el apoyo público a la cultura, que es lo que debería reforzarse».

Otra idea de Podemos es que el futuro Consejo Regional del Mecenazgo sea paritario y sin retribución, al tiempo que pretenden que no formen parte de él empresas privadas y que se componga únicamente de agentes públicos y entidades sin ánimo de lucro «para desligarlo de intereses empresariales y procurar que responda al interés general».

En este sentido, otra propuesta pasa por que la Oficina de Mecenazgo esté compuesta por técnicos de la Consejería con competencias en Cultura.

Vía enmiendas, Podemos quiere también establecer nuevas incompatibilidades para prevenir malas prácticas. Por ejemplo, los beneficios fiscales no se aplicarán cuando existan vínculos económicos o de parentesco entre donantes y donatarios, cuando se hayan percibido subvenciones o ayudas públicas en los últimos cinco años.

De salir adelante estas propuestas, las entidades que hayan cometido determinadas infracciones o delitos tampoco podrán acogerse a los beneficios de esta ley. Así, quedarían fuera los beneficiarios que hayan sido condenados por delitos contra la Administración Pública, contra la Hacienda pública o la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores o contra la ordenación del territorio y el urbanismo.

Tampoco podrían acogerse empresas o personas particulares condenadas por delitos contra el patrimonio cultural, contra el medioambiente, en materia de propiedad industrial o delitos de violencia de género o doméstica.